# Que cada departamento y municipio tenga la última palabra sobre su propio territorio #2

- **Norma:** Ley 1454 de 2011 · Nacional
- **Acción propuesta:** Modificar
- **Estado:** Recibido
- **Etiquetas:** Trámites, Justicia, Servicios públicos, Economía, Campo
- **Autor:** PORTO (@fport2)
- **Publicada:** 21 de agosto de 2026
- **Respaldo:** 0 apoyos · 0 comentarios · 0 reposts
- **Enlace:** https://www.destraba.org/propuesta/54DhRqLVfxEpkHpQpDfY

## Desarrollo de la idea

Sobre el artículo 23

El artículo 23 dice que, para crear un departamento nuevo, hace falta que la gente vote en una consulta popular. Eso está bien, es la comunidad decidiendo directamente sobre su propia organización territorial.

El problema es que antes de esa consulta, la ley exige el concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial y del Departamento Nacional de Planeación, dos cuerpos donde la mayoría de las voces son del Gobierno Nacional. Esos dos filtros técnicos pueden frenar la iniciativa antes de que la gente siquiera llegue a votar, y la ley no les pone ningún plazo para responder.

Sobre el artículo 24

El artículo 24 deja que la ley agrupe a los municipios en categorías, según su población, su plata, y su ubicación, para darle a cada grupo reglas distintas de organización.

El problema es que el municipio no participa en nada de eso, ni en definir los criterios, ni en pedir que se revise si quedó bien clasificado. La vara que mide a cada municipio la pone siempre alguien de afuera, y hasta el ajuste puntual de un solo municipio, cuando sus datos cambiaron, tiene que pasar por un trámite nacional en vez de resolverlo el propio departamento que conoce de cerca a ese municipio.

Sobre el artículo 27

El artículo 27 pone las reglas generales que deben seguir la Nación y los territorios cuando ejercen sus funciones. El numeral 3, sobre subsidiariedad, dice que un territorio grande puede ayudar temporalmente a uno más chico que no pueda cumplir una función, y eso está bien.

El problema está en la última frase de ese mismo numeral 3, que dice que decidir si un territorio "no puede" cumplir su función queda sujeto a la evaluación de "las entidades del nivel nacional rectoras de la materia", sin importar si el caso es un municipio pidiendo ayuda a su departamento o un departamento pidiendo ayuda a la Nación. Es siempre Bogotá juzgando, incluso cuando el problema es entre un municipio y su propio departamento, y el territorio afectado tampoco tiene oportunidad de mostrar su propia versión antes de perder esa función.

Sobre el artículo 28

El artículo 28 dice algo muy bueno, que el municipio es dueño de cualquier función que la ley no le haya dado expresamente a otro nivel de gobierno. El parágrafo agrega que, si el municipio no puede cumplir una función, puede pedir ayuda al departamento o a la Nación.

El problema es que el parágrafo no aclara si esa ayuda solo llega cuando el municipio la pide, o si el departamento o la Nación pueden decidir por su cuenta que el municipio "no puede" y quitarle la función sin que el municipio lo haya solicitado. Tampoco dice que la primera puerta a la que el municipio debe tocar es la de su propio departamento, deja abierto que el municipio pida ayuda directamente a la Nación aunque el departamento nunca haya tenido oportunidad de resolverlo primero.

Sobre el artículo 29

El artículo 29 reparte quién decide qué sobre el uso del suelo. El municipio recibe la función más importante en la práctica, decidir cómo se usa la tierra dentro de su territorio.

El problema está en el literal e del numeral 2, que le permite al departamento fijar directrices de ordenamiento incluso para porciones específicas del territorio de sus municipios. Eso puede chocar con la decisión del propio municipio sobre el uso de su suelo, y el artículo no dice cuál de los dos gana si llegan a chocar.

Sobre el artículo 32

El artículo 32 dice cómo se financian las Regiones Administrativas y de Planificación. Ancla ese gasto a la disciplina fiscal de la Ley 617 de 2000, eso está bien, evita gastar sin límite.

El problema es que la cofinanciación real de proyectos con plata de la Nación sigue siendo decisión libre del Gobierno Nacional, "podrá asignar una partida", sin ninguna obligación de responder si una región se la pide.

Sobre el artículo 36

El artículo 36 abre la puerta para que una Región Administrativa y de Planificación se convierta en una Región Entidad Territorial, un nivel de gobierno pleno, con fundamento directo en el artículo 307 de la Constitución.

El problema es que esa conversión depende de una ley que el Congreso debía expedir, y catorce años después de esta reforma esa ley todavía no existe. La puerta está abierta desde el papel, pero nadie puede cruzarla.

Sobre el artículo 37

El artículo 37 le puso al Gobierno Nacional plazos concretos, seis meses para presentar códigos de régimen territorial, y diez meses para el proyecto de ley de Entidades Territoriales Indígenas.

El problema es que esos plazos ya vencieron hace más de una década sin que el Gobierno los cumpliera, y el artículo no dice qué pasa cuando eso ocurre.

Sobre el artículo 39

El artículo 39 dice que, mientras no exista una ley especial, los conflictos de competencia entre niveles de gobierno se resuelven con "la normatividad vigente".

El problema es que esa ley especial nunca se expidió, así que hoy no existe una instancia clara y específica para resolver un choque de competencias, por ejemplo el que puede surgir entre un departamento y un municipio por el artículo 29.

## Propuesta de solución

Sobre el artículo 23

Modificar el artículo para que el concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial y del Departamento Nacional de Planeación tenga un plazo fijo de respuesta, y para que, si ese plazo vence sin respuesta, el proceso hacia la consulta popular pueda seguir adelante igual, sin quedar frenado por el silencio de estos dos cuerpos.

Sobre el artículo 24

Modificar el artículo para que definir o cambiar las categorías de municipios necesite la concertación real con una asociación que represente a los municipios, como la Federación Colombiana de Municipios, no solo una consulta que se pueda ignorar. Si no hay acuerdo, el Gobierno debe publicar por escrito por qué siguió adelante igual. Modificar también para que cualquier municipio pueda pedir la revisión de su propia categoría mostrando datos actualizados de su población, su plata, o su situación geográfica, y para que sea el propio departamento quien resuelva ese ajuste puntual y lo informe al DNP solo para registro, sin necesitar un trámite nacional para cada caso individual.

Sobre el artículo 27

Modificar la última frase del numeral 3 para que quien evalúe la incapacidad sea el nivel inmediatamente superior dentro de la misma relación, no siempre la Nación. Si el caso es un municipio que no puede ejercer una función, evalúa el departamento. Si el caso es un departamento que no puede ejercer una función, evalúa la Nación, por ser el único nivel disponible en ese caso. Además, antes de que se le quite una función a un territorio por supuesta incapacidad, el territorio tiene derecho a presentar su propia versión y sus propios datos, y la decisión final no puede depender solo de la misma entidad que evaluó el caso, sino de una instancia distinta.

Sobre el artículo 28

Modificar el parágrafo para aclarar que la concurrencia se solicita primero al departamento, y solo si el propio departamento tampoco tiene capacidad de ayudar, el municipio puede acudir a la Nación. La concurrencia nunca se activa por decisión unilateral del departamento o de la Nación, siempre a solicitud del municipio.

Sobre el artículo 29

Modificar el numeral 2 para agregar que, si la directriz departamental de ordenamiento choca con la decisión del propio municipio sobre el uso de su suelo, y el asunto no involucra a otro municipio ni un recurso compartido, prevalece la decisión municipal.

Sobre el artículo 32

Modificar el artículo para que, cuando una Región Administrativa y de Planificación pida formalmente cofinanciación para un proyecto, el Gobierno Nacional tenga un plazo fijo para responder, aceptando, rechazando con explicación escrita, o proponiendo ajustes, y si ese plazo vence sin respuesta, la cofinanciación solicitada se entienda aprobada.

Sobre el artículo 36

Modificar el artículo para poner un plazo concreto, de dos años, para que el Congreso expida la ley que permite convertir una Región Administrativa y de Planificación en Región Entidad Territorial, y para que, vencido ese plazo sin ley, una región que cumpla los requisitos técnicos y fiscales que ya existen pueda solicitar directamente esa conversión ante el Congreso.

Sobre el artículo 37

Modificar el artículo para que, si el Gobierno Nacional no presenta los proyectos de código territorial o la ley de Entidades Territoriales Indígenas dentro de un plazo adicional de un año contado desde esta reforma, una comisión mixta integrada por el Gobierno y por representantes de los departamentos y municipios quede habilitada para redactar y radicar esos proyectos directamente ante el Congreso, sin depender de que el Ejecutivo tome la iniciativa.

Sobre el artículo 39

Modificar el artículo para crear una instancia concreta de resolución de conflictos de competencia entre niveles de gobierno, compuesta por representantes de los niveles involucrados y no solo por el nivel nacional, con un procedimiento y un plazo definidos, en vez de remitir indefinidamente a una ley especial que nunca llegó.

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Propuesta ciudadana publicada en Destraba Colombia — https://www.destraba.org
