Destraba Colombia · Propuesta ciudadana
Repartir libremente los recursos #2
- Norma
- Ley 715 de 2001 · Nacional
- Acción propuesta
- Modificar
- Estado
- Recibido
- Etiquetas
- Educación, Salud, Servicios públicos, Economía, Impuestos
- Autor
- PORTO (@fport2)
- Publicada
- 20 de agosto de 2026
- Respaldo
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Desarrollo de la idea
Sobre el artículo 5 Este artículo le da al gobierno nacional muchas tareas sobre educación, casi todas tienen sentido, como llevar las estadísticas del país o fijar reglas mínimas de calidad. El problema está en el numeral 5.12, que le da al gobierno nacional el poder de fijar el precio de las matrículas y las pensiones de los colegios, incluidos los colegios privados que no reciben plata del Estado, y esa regla es igual para los 1100 municipios del país. Eso es controlar el precio de algo que una familia paga con su propia plata a un colegio privado, decidido siempre desde Bogotá aunque el mercado educativo de cada territorio sea distinto. Sobre los artículos 8 y 20 Estos dos artículos van juntos porque hablan del mismo tema, quién puede manejar su propia plata de educación sin pedirle permiso al departamento. Hoy un pueblo solo puede manejar esa plata solo, sin depender del departamento, si tiene más de cien mil habitantes, o si el departamento decide certificarlo antes. Un pueblo chiquito, aunque tenga un gobierno muy bien organizado, no puede pedir esa independencia por sí mismo, tiene que esperar a crecer o a que el departamento quiera dejarlo. Además, hoy le toca al pueblo probar que sí puede, en vez de asumirse que sí puede salvo que se demuestre lo contrario. Y una vez que un pueblo logra esa certificación, la Nación se la puede quitar por su cuenta, sin que el pueblo tenga primero la oportunidad de defenderse. Eso es como decir que solo puede manejar su propia plata quien mida más de un metro ochenta, sin importar si es responsable o no. El tamaño del pueblo no dice nada sobre qué tan bien administra su plata. Sobre el artículo 9 Este artículo dice que todo colegio necesita un permiso oficial para funcionar. Eso está bien, ayuda a asegurar que los colegios tengan lo mínimo para enseñar de forma segura. El problema es que la ley no dice exactamente qué se necesita para conseguir ese permiso, lo deja para que lo decida un reglamento futuro, y eso puede convertirse en una traba difícil de cumplir para alguien que quiere abrir un colegio nuevo, sobre todo uno privado o comunitario. Sobre el artículo 14 Este artículo deja que cada colegio arme su propio presupuesto para gastar la plata que administra. El problema es que, si el colegio consigue plata extra durante el año, por ejemplo una donación, no puede sumarla a su presupuesto sin pedirle permiso antes al pueblo o la ciudad donde está, aunque esa plata ya sea del colegio. Sobre el artículo 15 Este artículo dice en qué se puede gastar la plata de educación, personal, edificios, materiales, y calidad. Tener esas categorías está bien, el problema es que no dice cuánto va a cada una, eso lo termina fijando el gobierno nacional con reglamentos, y el pueblo no puede mover la plata de una categoría a otra según lo que más necesite ese año. Sobre el artículo 16 Este artículo explica cómo se calcula cuánta plata recibe cada pueblo, según cuántos estudiantes tiene. El cálculo lo hace solo el gobierno nacional. El problema aparece cuando el gobierno nacional se equivoca en ese cálculo. Si un pueblo recibió más plata de la que le correspondía por un error de información, se lo descuentan al año siguiente, sin darle al pueblo la oportunidad de explicar o de mostrar que el error no fue culpa suya. Sobre el artículo 19 Este artículo pide que cada pueblo mande información al Ministerio de Educación todos los años. Eso está bien, ayuda a repartir la plata de forma justa. El problema es el castigo cuando esa información no llega a tiempo. Si un solo funcionario no manda el reporte, todo el pueblo se queda sin parte de su plata ese año, aunque el resto del gobierno local esté trabajando bien. El castigo cae sobre la gente del pueblo, no sobre quien realmente se equivocó. Sobre el artículo 21 Este artículo dice que ningún pueblo puede gastar en educación más de lo que le llega del gobierno nacional. Ese límite tiene sentido, evita que un pueblo prometa sueldos que después no puede pagar. El problema es que el límite exacto lo calcula solo el Departamento Nacional de Planeación, y el pueblo no tiene forma de revisar ese cálculo ni de pedir que se lo expliquen antes de que empiece a aplicar. Sobre el artículo 22 Este artículo permite mover a un maestro de un colegio a otro dentro del mismo pueblo sin mayor trámite. El problema aparece cuando el traslado es entre dos pueblos distintos, ahí la ley exige que los dos gobiernos firmen un acuerdo especial antes, y si uno de los dos no quiere, el traslado no se puede hacer, aunque sea bueno para el maestro y para el colegio que lo necesita. Sobre el artículo 23 Este artículo prohíbe que los pueblos chiquitos, los que no tienen certificación propia, contraten maestros aunque sea con plata que ellos mismos ganaron y ahorraron, distinta a la que les manda el gobierno nacional. Esa contratación solo la puede hacer el departamento. Es como si a alguien que ahorró su propia plata no lo dejaran gastarla sin que su hermano mayor lo autorice primero. Sobre el artículo 27 Este artículo dice cómo un pueblo puede contratar un colegio para dar clases. Hoy la ley obliga a un orden estricto, primero hay que intentar con colegios sin ánimo de lucro, y solo si esos no alcanzan, se puede contratar con un colegio privado normal. Además, esto solo se permite si ya se demostró que los colegios del gobierno no alcanzan para todos los niños. Ese orden obligatorio, y la condición de esperar a que lo público no alcance, no dejan que el pueblo elija en cualquier momento al mejor colegio disponible para sus niños, sea del gobierno, sin ánimo de lucro, o privado, lo obligan a seguir una fila fija que puso el gobierno nacional. Además, el filtro que queda, exigir "buena trayectoria", es un criterio subjetivo que decide alguien en Bogotá, no un requisito objetivo escrito en la ley. Sobre los artículos 29 y 30 Estos dos artículos van juntos porque uno depende del otro. El artículo 29 dice cuándo el gobierno nacional puede intervenir a un pueblo por mal manejo de la educación. Algunas razones son claras y se pueden comprobar, como no entregar información o desviar plata. Pero otras razones son muy vagas, como decir que la calidad bajó o que hubo irregularidades, sin explicar con qué medida exacta se decide eso, y el mismo gobierno nacional es quien decide si esa razón vaga se cumplió o no. El artículo 30 es el castigo que viene después, el gobierno nacional puede sacar a las autoridades del pueblo y poner a otra persona a manejar la educación ahí. Como ese castigo se activa con razones vagas del artículo 29, en la práctica un pueblo puede perder el control de su educación sin que nadie afuera del gobierno nacional revise si esa decisión fue justa.
Propuesta de solución
Sobre el artículo 5 Modificar el numeral 5.12 para que la facultad de regular el precio de matrículas y pensiones pase del gobierno nacional al departamento, distrito, o municipio certificado. Cada uno la ejerce por ordenanza o acuerdo, pudiendo elegir entre un tope a la subida anual, otro tipo de control, o ningún control de precio, según lo que decida ese territorio para su propio mercado educativo. Un municipio que todavía no está certificado se rige, mientras tanto, por la regla que fije el departamento del que depende. Sobre los artículos 8 y 20 Modificar el artículo 20 para que la certificación sea la regla general desde el inicio para cualquier pueblo, sin importar su tamaño. La Nación solo puede negarla si demuestra, con criterios objetivos y públicos, una causal concreta de incapacidad, como iliquidez comprobada o pasivos sin financiar. La carga de probar que un pueblo no puede manejar su propia plata pasa a ser de quien lo objeta, no del pueblo que la pide. Una vez certificado, al pueblo solo se le puede quitar la certificación por hechos graves y comprobados, como desvío de recursos o iliquidez estructural, y solo después de que el pueblo haya tenido la oportunidad de explicarse. Como consecuencia, el artículo 8 se ajusta para que los pueblos que logren esa certificación por capacidad, aunque sean chiquitos, puedan contratar y manejar su personal docente igual que los pueblos grandes ya certificados. Sobre el artículo 9 Modificar el artículo para que la ley misma diga con claridad cuáles son los requisitos mínimos para conseguir el permiso, como tener un lugar seguro, maestros con título, y un plan de estudios, y que cualquier requisito nuevo que se quiera agregar después tenga que pasar primero por el Congreso, no solo quedar en manos de un reglamento del gobierno. Sobre el artículo 14 Modificar el artículo para que el colegio pueda sumar a su propio presupuesto, sin pedir autorización previa, cualquier plata extra que consiga por su cuenta, como donaciones o convenios, avisando después para que quede registrado. Sobre el artículo 15 Modificar el artículo para que, dentro de la plata que ya recibe cada pueblo para educación, el pueblo pueda decidir libremente cuánto destina a edificios, cuánto a materiales, y cuánto a calidad, siempre y cuando primero esté cubierto por completo el pago de los maestros y del personal, que sigue siendo obligatorio. Sobre el artículo 16 Agregar la posibilidad de que, antes de que el gobierno nacional le descuente plata a un pueblo por un error de información, el pueblo pueda presentar su versión y sus pruebas, y que exista un plazo fijo para que el gobierno nacional responda esa explicación antes de aplicar el descuento. Sobre el artículo 19 Modificar el artículo para que, si un pueblo no manda la información a tiempo, la sanción sea solo para el funcionario responsable de no haberla enviado, y no para todo el pueblo. El pueblo solo pierde su parte de la plata si de verdad no existe la información, no cuando la información existe pero un trámite se retrasó. Sobre el artículo 21 Modificar el artículo para obligar al Departamento Nacional de Planeación a publicar, con anticipación, la manera exacta en que calcula el límite de gasto de cada pueblo, y a darle a cada pueblo un tiempo para pedir la revisión de ese cálculo antes de que empiece a aplicarse. El pueblo que ya cuenta con la certificación de capacidad del artículo 20 publica su propio cálculo y lo aplica directamente, sin revisión previa del Departamento Nacional de Planeación. El pueblo sin esa certificación puede pedir apoyo al Departamento Nacional de Planeación para hacer el cálculo, como opción disponible, no como paso obligatorio. Sobre el artículo 22 Modificar el artículo para que el traslado de un maestro entre dos pueblos distintos no necesite la firma de ambos gobiernos, solo el acuerdo del maestro y de los dos colegios involucrados, informando después a los dos gobiernos locales. Sobre el artículo 23 Modificar el artículo para que los pueblos que todavía no tienen certificación propia puedan contratar maestros usando su propia plata, distinta a la que reciben del gobierno nacional, sin necesitar la autorización previa del departamento. El límite que ya existe, no poder pagar esos maestros con la plata que sí viene del gobierno nacional, se mantiene igual. Sobre el artículo 27 Modificar el artículo para quitar el orden obligatorio entre colegios sin ánimo de lucro y colegios privados normales, y para quitar también la condición de tener que esperar a que lo público no alcance. En vez del filtro subjetivo de "buena trayectoria", el colegio que quiera recibir estudiantes con esta plata solo necesita cumplir los mismos requisitos objetivos de funcionamiento que ya exige el artículo 9 de esta misma propuesta, lugar seguro, maestros con título, y plan de estudios. Cumplido eso, la plata funciona como un cupo que sigue la elección de la familia, cualquier familia puede llevar a su hijo al colegio que prefiera entre los que cumplan esos requisitos, sea del gobierno, sin ánimo de lucro, o privado, siempre dentro del mismo límite de precio por estudiante que ya existe hoy en la ley. Sobre los artículos 29 y 30 Modificar el artículo 29 para dejar solamente las razones que se pueden comprobar con datos concretos, como no entregar información o desviar plata, y quitar las razones vagas que hoy dependen solo de la opinión del gobierno nacional. Modificar el artículo 30 para que, antes de sacar a las autoridades de un pueblo y poner a otra persona en su lugar, el pueblo tenga derecho a explicarse primero, y que esa decisión pueda ser revisada por alguien distinto al mismo gobierno nacional que la tomó.