Destraba Colombia · Propuesta ciudadana
Que la ley de servicios públicos no te obligue
- Norma
- Ley 142 de 1994 · Nacional
- Acción propuesta
- Modificar
- Estado
- Recibido
- Etiquetas
- Servicios públicos, Trámites, Economía, Medio ambiente, Justicia
- Autor
- PORTO (@fport2)
- Publicada
- 19 de agosto de 2026
- Respaldo
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Desarrollo de la idea
Esta ley tiene varios puntos que valen la pena revisar, unos por ineficientes, uno por directamente agresivo contra la propiedad privada. Van en el orden en que aparecen en la ley. Lo no escrito es porque o no va aquí o esta bien. El artículo 2 fija los fines de la intervención del Estado en los servicios públicos. El numeral 2.2 dice que la cobertura se debe ampliar mediante sistemas que compensen la insuficiencia de capacidad de pago, y el numeral 2.9 dice que el régimen tarifario debe ser proporcional según equidad y solidaridad. Ambos meten el subsidio dentro de la tarifa en vez de dejarlo como transferencia directa y visible. Propongo ajustar el 2.2 para que la cobertura se entienda sin perjuicio de los subsidios directos de los artículos 99 y 100, y modificar el 2.9 para que la equidad y solidaridad se cumplan mediante esos mismos subsidios directos, no mediante tarifas cruzadas. El numeral 5.4 del artículo 5 obliga a estratificar los inmuebles según metodologías del Gobierno Nacional. La única razón real para eso es cobrar tarifa distinta según el estrato, no según lo que realmente cuesta el servicio, y si el precio depende de dónde queda tu casa en vez de depender del costo real, se pierde la información que ese precio debería dar sobre qué tan escaso es producirlo. Propongo que la estratificación deje de fijar precios y quede solo para dirigir el subsidio directo del presupuesto a quien lo necesita, algo mucho más transparente que esconder el apoyo dentro de la factura de los demás usuarios. El numeral 6.3 del artículo 6 exige que el estudio con el que un municipio demuestra que presta un servicio más barato pase por la aprobación del Superintendente, una autoridad nacional. El resto del artículo 6 es de lo mejor de la ley, exige contabilidad separada y prohíbe usar la prestación directa para armar monopolio, pero esa aprobación nacional convierte una decisión enteramente municipal en una que depende del visto bueno de Bogotá, duplicando trabajo sin agregar ningún control real que ya no esté cubierto por esas otras dos exigencias. Propongo quitarla y dejar el estudio en manos del propio municipio. Los numerales 8.1 y 8.2 dicen que la Nación planificará en forma privativa el espectro electromagnético y el gas combustible. Con el espectro hay un problema físico real de interferencia, dos señales no pueden ocupar la misma frecuencia en el mismo lugar al mismo tiempo, así que propongo cambiar la planificación discrecional por un mecanismo de asignación de mercado, subasta de derechos transferibles, que resuelve el mismo problema sin que un funcionario tenga que decidir a dedo quién se queda con cada frecuencia. Con el gas combustible no existe ese problema, es un producto transportable como cualquier otro, no hay ninguna razón técnica para que su distribución esté planificada de forma privativa desde el centro, así que ahí no hay nada que arreglar con condiciones, simplemente propongo eliminar esa competencia por innecesaria. El numeral 8.3 exige además que ciertas actividades de generación e interconexión pasen por el concepto previo del Consejo Nacional de Política Económica y Social, una capa de aprobación centralizada encima de una actividad que el mismo numeral ya permite hacer a empresas privadas, así que propongo quitar ese requisito por redundante. El numeral 8.4 permite que la Nación apoye financieramente a empresas y municipios sin ninguna condición sobre a quién ni por cuánto tiempo, subvención discrecional que abre la puerta a que el Estado favorezca a unas empresas sobre otras, lo contrario de la libre competencia que la propia ley dice defender, así que ahí también propongo eliminarla directamente. El numeral 8.6 sí cumple una función real, permite que la Nación preste un servicio cuando ni el departamento ni el municipio tienen capacidad suficiente, pero lo hace sin ningún límite de tiempo ni obligación de devolver esa función una vez resuelto el problema, y cualquier intervención excepcional del Estado que no tenga fecha de salida, solo fecha de entrada, tiende con el tiempo a volverse permanente. Propongo mantenerlo pero con una obligación explícita de reversión al municipio, al departamento o al mercado apenas se supere la situación que lo originó. El artículo 11 completo está parado sobre la doctrina de la función social de la propiedad, la idea de que tu propiedad, sea pública o privada, viene condicionada a cumplir un fin social que otro define por ti, y el problema práctico de esa doctrina es que ese fin social lo termina llenando quien esté en el poder en cada momento. Casi todas sus once obligaciones, en especial la responsabilidad civil por perjuicios y la indemnización del parágrafo cuando un acto administrativo afecta la rentabilidad de un prestador, están bien tal como están, así que solo propongo cambiar el fundamento del encabezado por protección del usuario y respeto a los derechos de terceros. El 11.5 exige función ecológica genérica sin ningún estándar de cumplimiento, dejando que cada inspector decida por su cuenta qué tan cumplida está esa obligación, propongo anclarlo a daño ambiental comprobable. El 11.6 obliga a compartir infraestructura con competidores, propongo limitarlo a redes físicas no duplicables, como postes eléctricos o tuberías bajo la calle, no cualquier bien de la empresa. El artículo 14 son treinta y cuatro definiciones técnicas, solo dos numerales cambian. El 14.29 define subsidio como tarifa por debajo del costo real, el mismo error de fondo que la estratificación, propongo redefinirlo como transferencia directa con cargo al presupuesto, para que quien reciba ayuda sepa cuánto recibe y quien no la reciba no termine pagándola escondida en su factura. El 14.18 define regulación sin mencionar la libertad de competencia que el artículo 2 ya declara como fin de la intervención del Estado, propongo agregarla directamente ahí. El parágrafo del artículo 16 es lo más grave de toda la ley, obliga a conectarse al acueducto si está disponible, y permite que la policía selle tu casa si no lo haces y no logras demostrarle a la Superintendencia que tu alternativa no perjudica a la comunidad. Un pozo propio o un tanque de agua lluvia bien instalado no le hacen daño a nadie, y obligar a alguien a pagar por un servicio que no pidió, bajo amenaza de quedarse sin poder entrar a su propia casa, no necesita ningún ajuste, simplemente no debería existir. Propongo derogar el parágrafo completo, dejando en pie solo la responsabilidad por daño comprobable a terceros. El artículo 22 dice, en la misma frase, que las empresas no requieren permiso para operar y que sí requieren concesiones y licencias. Es la frase que promete libertad y en el mismo aliento la quita. Propongo que el permiso solo aplique cuando de verdad hay un recurso natural escaso de por medio, no como requisito genérico para operar un negocio. El artículo 40 permite que el Estado otorgue a una sola empresa un área de servicio exclusivo, un monopolio legal que contradice la libertad de empresa que la misma ley reconoce en otros artículos, y que ya tiene alternativa en el propio artículo, aportes públicos directos para extender cobertura a zonas de bajos ingresos. Propongo derogarlo completo. El numeral 67.2 obliga a los ministerios a elaborar cada cinco años un plan nacional de expansión que todos deben seguir, aunque la misma ley dice que los planes oficiales son indicativos. Propongo dejarlo como referencia no vinculante y que cada departamento o municipio elabore el suyo según sus propias prioridades. El numeral 87.3 recoge el mandato del artículo 367 de la Constitución, que exige que el régimen tarifario tenga en cuenta solidaridad y redistribución. Ese mandato no lo puede tocar una ley ordinaria, así que en vez de derogarlo propongo redefinir cómo se cumple, mediante los subsidios directos del artículo 368 de la Constitución y de los artículos 99 y 100 de esta Ley, no mediante sobrecosto en la tarifa de otros usuarios. El artículo 88 obliga a todo prestador, incluido el municipio que ya demostró con su propio estudio que presta más barato, a seguir la misma fórmula tarifaria periódica diseñada para operadores grandes. Propongo agregar un procedimiento tarifario simplificado, basado en costos reales, para ese caso puntual. El artículo 89 es el mecanismo real detrás de todo lo anterior, obliga a crear fondos de solidaridad y cobra hasta veinte por ciento extra a estratos altos y usuarios comerciales para subsidiar a los bajos, todo escondido dentro de la misma factura sin que nadie vea con claridad cuánto le cobran de más ni cuánto le regalan al de al lado. La propia ley ya tiene, en los artículos 99 y 100, el mecanismo correcto, subsidio como descuento visible financiado con presupuesto, con tope por estrato. Propongo derogar el artículo 89 completo, dejando que ese mecanismo haga todo el trabajo, que ya lo puede hacer solo. El numeral 101.5 obliga a usar la metodología de estratificación única del Departamento Nacional de Planeación, y los numerales 101.9 a 101.12 arman una cadena de sanciones jerárquicas para hacerla cumplir. Como la estratificación ya solo sirve para focalizar subsidio local, propongo que cada municipio defina su propia metodología y derogar esa cadena de sanciones. El artículo 102 exige lo mismo, propongo que cada municipio adopte su propia metodología, tomando la nacional solo como referencia opcional. El artículo 174 repite el esquema del artículo 40, específicamente para el gas combustible, por veinte años. Propongo derogarlo por la misma razón.
Propuesta de solución
Modificar el numeral 2.2 del artículo 2, el cual quedará así: 2.2. Ampliación permanente de la cobertura de los servicios, sin perjuicio de los subsidios directos con cargo al presupuesto que se otorguen a los usuarios de menores ingresos conforme a los artículos 99 y 100 de esta Ley. Modificar el numeral 2.9 del artículo 2, el cual quedará así: 2.9. Establecer un régimen tarifario basado en costos reales, complementado con los subsidios directos que otorguen la Nación y las entidades territoriales conforme a los artículos 99 y 100 de esta Ley, en cumplimiento de los preceptos de equidad y solidaridad. Modifíquese el numeral 5.4 del artículo 5, el cual quedará así: 5.4. Estratificar los inmuebles residenciales del municipio, de acuerdo con las metodologías trazadas por el Gobierno Nacional, exclusivamente para focalizar los subsidios directos de que trata el numeral 5.3, sin que la estratificación pueda utilizarse como criterio para fijar tarifas. Modificar el numeral 6.3 del artículo 6, el cual quedará así: 6.3. Cuando, aún habiendo empresas deseosas de prestar el servicio, haya estudios técnicos que demuestren que los costos de prestación directa para el municipio serían inferiores a los de empresas interesadas, y que la calidad y atención para el usuario serían, por lo menos, iguales a las que tales empresas podrían ofrecer. Dichos estudios serán elaborados y validados por el respectivo concejo municipal o la autoridad territorial competente, sin requerir aprobación previa de la Superintendencia. Las Comisiones de Regulación establecerán las metodologías que permitan hacer comparables diferentes costos de prestación de servicios. Modificar el numeral 8.1 del artículo 8, el cual quedará así: 8.1. Asignar el uso del espectro electromagnético mediante mecanismos de subasta de derechos de uso transferibles, garantizando la libre concurrencia de oferentes y evitando la asignación discrecional. Derogar el numeral 8.2 del artículo 8, por ser una competencia de planificación innecesaria sobre un producto transportable como cualquier otro. La distribución de gas combustible se regirá por las reglas generales de libertad de empresa y libre competencia previstas en esta Ley. Modificar el numeral 8.3 del artículo 8, el cual quedará así: 8.3. Asegurar que se realicen en el país, por medio de empresas oficiales, mixtas o privadas, las actividades de generación e interconexión a las redes nacionales de energía eléctrica, la interconexión a la red pública de telecomunicaciones, y las actividades de comercialización, construcción y operación de gasoductos y de redes para otros servicios que surjan por el desarrollo tecnológico y que requieran redes de interconexión, sin que dichas actividades requieran concepto previo del Consejo Nacional de Política Económica y Social. Derogar el numeral 8.4 del artículo 8, por tratarse de una subvención discrecional a empresas sin condición ni límite de tiempo, incompatible con la libre competencia que consagra el artículo 10 de esta misma Ley. Modificar el numeral 8.6 del artículo 8, el cual quedará así: 8.6. Prestar directamente, de manera transitoria y solo en caso de necesidad extrema, los servicios de que trata la presente Ley cuando los departamentos y municipios no tengan la capacidad suficiente, con obligación de retornar la prestación al municipio, al departamento o al mercado una vez superada la situación que originó la intervención. Modificar el encabezado del artículo 11, el cual quedará así: Artículo 11. Obligaciones de las entidades prestadoras de servicios públicos. Para garantizar la prestación eficiente del servicio, la protección del usuario y el respeto a los derechos de terceros, las entidades que presten servicios públicos, públicas o privadas, tienen las siguientes obligaciones Modificar el numeral 11.5 del artículo 11, el cual quedará así: 11.5. Responder por el daño ambiental comprobable que su actividad ocasione a terceros, conciliando este deber con la necesidad de aumentar la cobertura y la costeabilidad de los servicios por la comunidad. Modificar el numeral 11.6 del artículo 11, el cual quedará así: 11.6. Facilitar el acceso e interconexión de otras empresas o entidades que presten servicios públicos a la infraestructura de red que, por su naturaleza física, no sea razonablemente duplicable, sin que esta obligación se extienda a otros bienes de la empresa. Modificar el numeral 14.18 del artículo 14, el cual quedará así: 14.18. Regulación de los servicios públicos domiciliarios. La facultad de dictar normas de carácter general o particular en los términos de la Constitución y de esta ley, para someter la conducta de las personas que prestan los servicios públicos domiciliarios a las reglas, normas, principios y deberes establecidos por la ley y los reglamentos, ejercida siempre en armonía con los fines de libre competencia y no utilización abusiva de la posición dominante consagrados en el artículo 2 de esta misma Ley. Modificar el numeral 14.29 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994, el cual quedará así: 14.29. Subsidio. Transferencia directa con cargo al presupuesto público que recibe un usuario para el pago de un bien o servicio, sin que la tarifa cobrada por el prestador pueda fijarse por debajo del costo real de prestación como mecanismo de subsidio. Derogar el parágrafo del artículo 16 de la Ley 142 de 1994, por imponer una conexión: forzosa a un servicio y habilitar el sellamiento de inmuebles como sanción, algo incompatible con la libertad de elegir y el respeto a la propiedad. Nadie estará obligado a vincularse como usuario de los servicios públicos de acueducto o saneamiento básico contra su voluntad, sin perjuicio de la responsabilidad por el daño comprobable que una alternativa de autoabastecimiento pueda causar a terceros. Quien hoy se encuentre vinculado como usuario conserva su contrato en los términos pactados, y puede desvincularse en cualquier momento conforme a las condiciones generales del servicio. Modificar el artículo 22 de la Ley 142 de 1994, el cual quedará así: Artículo 22. Régimen de funcionamiento. Las empresas de servicios públicos debidamente constituidas y organizadas no requieren permiso para desarrollar su objeto social ni para operar, salvo cuando su actividad implique el uso de un recurso natural escaso o compartido, caso en el cual deberán obtener únicamente la concesión o permiso específico relacionado con el uso de ese recurso, en los términos de los artículos 25 y 26 de esta Ley. Derogar el artículo 40 de la Ley 142 de 1994 en su totalidad, por permitir el otorgamiento de áreas de servicio exclusivo que constituyen monopolios legales contrarios a la libertad de empresa y a la libre competencia reconocidas en esta misma Ley. Modificar el numeral 67.2 del artículo 67 de la Ley 142 de 1994, el cual quedará así: 67.2. Elaborar, con carácter indicativo y no vinculante, un plan nacional de referencia sobre expansión de la cobertura del servicio público que corresponda, sin perjuicio de que cada departamento o municipio elabore y ejecute su propio plan de expansión conforme a sus propias prioridades. Modificar el numeral 87.3 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, el cual quedará así: 87.3. Por solidaridad y redistribución se entiende que el Estado, la Nación y las entidades territoriales, en cumplimiento del artículo 368 de la Constitución Política, otorgan subsidios directos con cargo a sus respectivos presupuestos a los usuarios de menores ingresos, sin que dicho criterio pueda traducirse en tarifas superiores al costo real de prestación cobradas a otros usuarios para financiar esos subsidios. Adicionar un numeral 88.4 al artículo 88 de la Ley 142 de 1994, el cual quedará así: 88.4. Los municipios que presten el servicio de manera directa en el supuesto del numeral 6.3 de esta Ley podrán adoptar un procedimiento tarifario simplificado, basado en sus costos reales de prestación, sin sujeción a las fórmulas periódicas que las comisiones de regulación definan para las demás empresas, siempre que se garantice la transparencia y el acceso público a la información de costos. Derogar el artículo 89 de la Ley 142 de 1994 en su totalidad, incluidos todos sus numerales y el parágrafo, por desarrollar el mecanismo de fondos de solidaridad y redistribución de ingresos que resulta incompatible con un régimen tarifario basado en costos reales. El mecanismo de subsidio directo con cargo al presupuesto, previsto en los artículos 99 y 100 de esta misma Ley, continúa vigente sin modificación. Modificar el numeral 101.5 del artículo 101 de la Ley 142 de 1994, el cual quedará así: 101.5. Antes de iniciar los estudios conducentes a la adopción, el alcalde deberá conformar un Comité permanente de estratificación socioeconómica que lo asesore, cuya función principal es asesorar en la definición y adecuada aplicación de la metodología de estratificación que adopte el propio municipio o distrito, para los fines exclusivos de focalización de subsidios directos. Derogar los numerales 101.9, 101.10, 101.11 y 101.12 del artículo 101 de la Ley 142 de 1994, por establecer una cadena de sanciones jerárquicas destinada a hacer cumplir una metodología nacional única de estratificación que deja de ser obligatoria. Modificar el artículo 102 de la Ley 142 de 1994, el cual quedará así: Artículo 102. Estratos y metodología. Los inmuebles residenciales a los cuales se provean servicios públicos se clasificarán máximo en seis estratos socioeconómicos así, 1 bajo-bajo, 2 bajo, 3 medio-bajo, 4 medio, 5 medio alto, y 6 alto. Cada municipio o distrito definirá y adoptará su propia metodología de estratificación, pudiendo tomar como referencia, sin que sea obligatorio, las metodologías que elabore el Departamento Nacional de Planeación. Derogar el artículo 174 de la Ley 142 de 1994 en su totalidad, por la misma razón señalada para el artículo 40, aplicada al servicio de gas combustible.