Destraba Colombia · Propuesta ciudadana

EL GASTO SOCIAL NO PUEDE SER SAGRADO SI EL PAÍS ESTÁ QUEBRADO

Norma
Constitución — Art. 366 · Nacional
Acción propuesta
Modificar
Estado
Recibido
Etiquetas
Impuestos, Economía, Salud, Educación
Autor
PORTO (@fport2)
Publicada
19 de agosto de 2026
Respaldo
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Desarrollo de la idea

El artículo 366 actual dice que el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación en los planes y presupuestos de la nación y de las entidades territoriales. No estoy de acuerdo con esto ya que esto obliga al país a gastar en ciertas cosas incluso si eso implica endeudarse más, sin importar cómo estén las cuentas ese año. Por eso propongo eliminar esa prioridad automática y dejar que el gasto responda cada año a la realidad del país, no a una fórmula fija. Lo que propongo no es dejar de atender salud o educación, es sacarlas de manos del estado como obligación primaria y devolverlas a que las comunidades, el sector privado y las entidades territoriales las resuelvan directamente, sin que eso comprometa las finanzas de todo el país. Con esto se logra que el presupuesto responda a la realidad económica de cada año y no a una fórmula fija escrita hace décadas, y que ningún gobierno pueda esconder deuda o inflación detrás de la excusa de que la constitución lo obligaba a gastar así.

Propuesta de solución

La finalidad del estado debe ser garantizar la libertad, la seguridad, la justicia y el respeto a los derechos de propiedad y a los contratos. La satisfacción de necesidades en salud, educación, agua potable y saneamiento ambiental será competencia primaria de las comunidades, del sector privado y de las entidades territoriales, quienes podrán organizar libremente su provisión. El gasto público social no tendrá prioridad automática ni podrá comprometer el principio de déficit cero. Su asignación será definida cada año bajo criterios de necesidad, eficiencia y sostenibilidad fiscal. La acción pública territorial se limitará a las competencias que le sean expresamente reconocidas por esta constitución o por la ley, sin perjuicio de la libertad de cada territorio para organizar internamente la prestación de esos servicios según sus propias prioridades.