Destraba Colombia · Propuesta ciudadana

Autoridad ambiental sin Nación de por medio #2

Norma
Ley 99 de 1993 · Nacional
Acción propuesta
Modificar
Estado
Recibido
Etiquetas
Descentralizar, Autonomizar, Medio ambiente, Economía, Trámites
Autor
PORTO (@fport2)
Publicada
8 de septiembre de 2026
Respaldo
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Desarrollo de la idea

Sobre el artículo 31 El artículo 31 lista más de treinta funciones de las Corporaciones. Los numerales 2, 15 y 22 las atan a criterios y directrices del Ministerio, la misma subordinación ya señalada como jurídicamente incorrecta por la Sentencia C-593 de 1995. El numeral 13 deja que el Ministerio fije tarifas mínimas de forma administrativa. El numeral 27 permite expropiar sin atarse al estándar de protección ya exigido en el resto de este trabajo. Sobre el artículo 33 El artículo 33 remite la administración de ecosistemas compartidos entre varias Corporaciones a los lineamientos que trace el Ministerio, la misma subordinación repetida. Sobre el artículos 34 a 40 Los artículos 34 a 40 crean las Corporaciones de Desarrollo Sostenible de regiones especiales, Amazonía norte y oriente, Amazonía sur, Sierra Nevada, San Andrés, Macarena, Chocó y Urabá. En varias de ellas el Ministro del Medio Ambiente preside directamente el Consejo Directivo, la subordinación más fuerte de toda la ley. Sobre el artículo 41 El artículo 41 crea CORPOMOJANA con el mismo defecto, el Ministro del Medio Ambiente preside su Consejo Directivo. Sobre el artículo 42 El artículo 42 cobra una tasa retributiva por contaminar el aire, el agua o el suelo. Antes de corregir el mecanismo, la pregunta correcta es si el Estado debería cobrar y quedarse con esa plata, o si quien sufre el daño real debería cobrarle directamente al contaminador. La tasa administrativa sigue siendo un cobro forzado que no llega al afectado real. Sobre el artículo 43 El artículo 43 cobra una tasa por el uso del agua, con el mismo problema de fondo del artículo anterior. Sobre el artículo 44 El artículo 44 fija un piso obligatorio de entre el quince y el veinticinco coma nueve por ciento del recaudo del impuesto predial que cada municipio debe transferir a la Corporación, sin que el concejo pueda decidir un porcentaje menor según sus propias prioridades. Sobre el artículo 45 El artículo 45 fija por ley un porcentaje fijo, seis por ciento hidroeléctricas y cuatro por ciento térmicas, que las generadoras deben transferir a Corporaciones y municipios por usar la cuenca hidrográfica, sin ningún mecanismo de negociación que ajuste ese valor al impacto real de cada proyecto. Sobre el artículo 46 El artículo 46 lista las rentas de las Corporaciones. El numeral 8 les da la mitad de las multas ambientales que impongan las entidades territoriales, creando un incentivo real para sancionar más de lo necesario porque la multa financia el propio presupuesto de quien la impone. Sobre el artículo 49 El artículo 49 exige licencia ambiental para actividades que puedan producir deterioro grave a los recursos naturales, pero incluye también introducir modificaciones considerables al paisaje como motivo autónomo, una preferencia estética sin daño real a un tercero. Sobre el artículo 52 El artículo 52 le da al Ministerio competencia exclusiva sobre todo proyecto grande del país, hidrocarburos, gran minería, represas, puertos, aeropuertos internacionales, vías nacionales, sin distinguir si el proyecto físicamente cabe dentro de un solo departamento o de verdad cruza varios. El numeral 13 además deja una cláusula abierta para que un reglamento del propio Ministerio siga sumando proyectos a esta lista. Sobre el artículo 53 El artículo 53 deja que un reglamento del Gobierno Nacional decida en qué casos la Corporación otorga licencias, en vez de que la Corporación ya tenga esa facultad por defecto. Sobre el artículo 55 El artículo 55 reserva la competencia de licencias urbanas a ciudades de más de un millón de habitantes, dejando fuera a cualquier ciudad mediana con capacidad técnica real. Sobre el artículo 56 El artículo 56 da treinta días para que la autoridad se pronuncie sobre si hace falta diagnóstico ambiental de alternativas, sin decir qué pasa si no responde. Sobre el artículo 57 El artículo 57 da cuarenta y cinco días hábiles para definir los términos de referencia del estudio de impacto ambiental, un plazo más largo que estándares internacionales comparables, y sin ninguna consecuencia si se incumple. Sobre el artículo 58 El artículo 58 acumula plazos secuenciales, treinta más quince más sesenta más sesenta días, que pueden superar los ocho meses solo en la etapa base, sin ninguna consecuencia real si se incumplen, el cuello de botella más grave de toda esta ley para cualquier inversión. Sobre el artículo 59 El artículo 59 permite empaquetar todos los permisos de un proyecto en una sola licencia, pero solo si el interesado lo pide expresamente.

Propuesta de solución

Sobre el artículo 31 Quitar la subordinación de los numerales 2, 15 y 22, la Corporación ejerce estas funciones con base directa en la ley, coordinando con el Ministerio solo cuando el asunto cruce departamentos. Explorar tarifas de mercado o permisos transables para el numeral 13, dejando la tarifa mínima como piso de referencia. La expropiación del numeral 27 exige agotar la venta negociada y depositar el valor completo antes de tomar posesión. Sobre el artículo 33 Las Corporaciones que comparten un ecosistema lo administran mediante convenio directo entre ellas, con el Ministerio interviniendo solo como último recurso si no logran acuerdo en un plazo razonable. Sobre el artículos 34 a 40 La presidencia del Consejo Directivo pasa al gobernador de la región, o a quien el gobernador designe. El Presidente de la República y el Ministerio mantienen asiento con voz pero sin voto, en reconocimiento de que los recursos naturales son patrimonio del Estado en su conjunto. Sobre el artículo 41 Misma corrección, la presidencia pasa al gobernador de Sucre o a quien el gobernador designe, el Ministerio queda con voz sin voto. Sobre el artículo 42 La vía principal para resolver la contaminación es la responsabilidad civil directa, quien contamina un recurso que otro usa responde ante esa persona o comunidad identificada, no ante el Estado. La tasa se mantiene solo como mecanismo residual, entendiendo por daño difuso aquel donde ningún demandante concreto puede probar un perjuicio individualizado propio, distinto del interés general de cualquier ciudadano. Sobre el artículo 43 Misma corrección, responsabilidad civil directa como vía principal cuando hay un afectado identificable río abajo, la tasa administrativa queda solo para el daño difuso bajo el mismo criterio ya definido en el artículo 42, y se explora un mercado de derechos de agua transables como alternativa de asignación eficiente. Sobre el artículo 44 Bajar el piso obligatorio a un mínimo simbólico, dejando que cada concejo decida el porcentaje real por encima de ese mínimo según sus propias prioridades frente a otras necesidades del municipio. Sobre el artículo 45 El agua sigue siendo un bien de uso público de la Nación como establece el artículo 63 de la Constitución, no se convierte en propiedad del departamento. Lo que cambia es que la ley le da al departamento o municipio donde está la cuenca el derecho procesal de negociar directamente con la generadora el valor de la compensación, actuando como representante del interés de su comunidad afectada. El seis y el cuatro por ciento actuales quedan como piso mínimo si no hay acuerdo distinto. Sobre el artículo 46 Destinar el producto de esas multas a un fondo de reparación ambiental directa del daño causado, no al presupuesto general de funcionamiento de la Corporación, para que la sanción no se convierta en un incentivo fiscal a sancionar más. Sobre el artículo 49 Eliminar la referencia al paisaje como motivo autónomo para exigir licencia ambiental, dejando el requisito solo para deterioro grave real a los recursos naturales o al medio ambiente. Sobre el artículo 52 Devolver la licencia ambiental de casi toda esta lista al departamento donde se ubica físicamente el proyecto, decidido por su propia autoridad ambiental o por la instancia que el departamento organice. Esto no toca la propiedad del subsuelo ni la concesión minera o petrolera, que siguen siendo del Estado y de las agencias nacionales correspondientes según el artículo 332 de la Constitución, solo se devuelve el permiso ambiental. El Ministerio conserva un rol de proponer condiciones técnicas y colaborar, con un plazo máximo perentorio para ese aporte técnico, vencido el cual el departamento decide sin esperar más. Solo la red vial y férrea nacional que cruza varios departamentos, y los trasvases entre cuencas de distintos departamentos, se mantienen como competencia genuinamente nacional. Eliminar la cláusula abierta del numeral 13, cualquier ampliación de esta lista pasa por una ley del Congreso, nunca por reglamento del propio Ministerio. Sobre el artículo 53 Eliminar la necesidad de reglamento previo, la Corporación otorga licencia ambiental sobre cualquier proyecto que no esté en la lista taxativa ya corregida del artículo 52, sin esperar autorización caso por caso del Gobierno Nacional. Sobre el artículo 55 Permitir que cualquier municipio o distrito, sin importar su población, acceda a esta competencia si certifica la capacidad técnica necesaria. Sobre el artículo 56 Vencidos los treinta días sin pronunciamiento, se entiende que no hace falta diagnóstico ambiental de alternativas y el proyecto sigue directo a estudio de impacto ambiental. Sobre el artículo 57 Bajar el plazo a treinta días hábiles. Vencido ese plazo sin definición de términos, el interesado puede usar los términos de referencia genéricos ya existentes para ese tipo de actividad, o contratar un consultor ambiental certificado que los defina a su costo. Sobre el artículo 58 Cada etapa pasa a tener consecuencia real. Si la autoridad no pide información adicional en treinta días, el trámite sigue. Si otra entidad consultada no responde en sesenta días, su concepto se da por favorable. Si la autoridad no decide en los sesenta días finales, la licencia se entiende otorgada de forma provisional, revisable después solo si aparece un riesgo real y documentado que no pudo conocerse antes de esa fecha, nunca por un cambio de criterio administrativo posterior. Las etapas de información adicional y consulta a otras entidades corren en paralelo, no una después de la otra. Sobre el artículo 59 El empaquetamiento de permisos en una sola licencia es el default automático, sin que el interesado tenga que solicitarlo aparte.