# Devolver autonomía a los departamentos #3

- **Norma:** Ley 2200 de 2022 · Nacional
- **Acción propuesta:** Modificar
- **Estado:** Recibido
- **Etiquetas:** Trámites, Corrupción, Descentralizar, Autonomizar, Empleo, Justicia, Economía
- **Autor:** PORTO (@fport2)
- **Publicada:** 28 de agosto de 2026
- **Respaldo:** 0 apoyos · 0 comentarios · 0 reposts
- **Enlace:** https://www.destraba.org/propuesta/NbR7PJya2z2h8CZCilcb

## Desarrollo de la idea

Sobre los artículos 62 y 63

Estos artículos permiten que la Procuraduría General de la Nación solicite la destitución o suspensión de un diputado, y que el presidente de la asamblea la haga efectiva de inmediato. El problema es que, desde la Ley 2094 de 2021 y una decisión posterior del Consejo de Estado de 2023, cualquier sanción de este tipo contra un funcionario de elección popular necesita primero ser revisada y confirmada por el Consejo de Estado antes de poder aplicarse. El texto de estos dos artículos no menciona ese paso, así que hoy están desactualizados frente a esa exigencia adicional.

Sobre el artículo 80

Este artículo pone el costo de la seguridad social de los diputados departamentales a cargo del presupuesto central, es decir, del Gobierno nacional, transferido después a las asambleas. Cuando quien paga un beneficio es distinto de quien decide sobre ese beneficio, no hay ningún freno real sobre el gasto, porque quien decide no siente el costo.

Sobre el artículo 81

Este artículo fija desde la ley nacional, en salarios mínimos, cuánto cobra cada diputado por mes de sesión según la categoría de su departamento. Es la propia asamblea la que se beneficia de este monto, así que dejarlo fijo desde una ley que nadie en el departamento puede tocar no da ningún incentivo real de contención del gasto, ni tampoco le da a la asamblea la posibilidad de ajustarlo a su propia realidad fiscal.

Sobre el artículo 82

Este artículo calcula el auxilio de cesantías de un diputado como si hubiera sesionado los doce meses del año, cuando el máximo real de sesiones pagadas en un año es de nueve meses entre ordinarias y extraordinarias. Esto infla el beneficio muy por encima del tiempo real de trabajo legislativo.

Sobre el artículo 83

Este artículo fija en veinte salarios del gobernador el monto del seguro de vida de cada diputado, para los 32 departamentos del país por igual, sin que la propia asamblea pueda ajustar ese monto a su propia realidad.

Sobre los artículos 86 y 90

Estos dos artículos calculan las vacaciones y la prima de vacaciones de un diputado como si hubiera sesionado los doce meses del año, exactamente el mismo problema ya señalado en el artículo 82, un beneficio calculado sobre un tiempo de trabajo que nunca ocurrió.

Sobre el artículo 91

Este artículo deja que el Gobierno nacional fije cada año, para todo el país por igual, el monto que un diputado puede cobrar por gastos de viaje en una comisión oficial. El costo real de moverse y alojarse varía mucho entre un departamento y otro, así que no hay ninguna razón técnica para que ese monto lo decida la Nación en vez del propio departamento.

Sobre el artículo 92

Este artículo obliga a la ESAP, una entidad del Gobierno nacional, a crear programas gratuitos de capacitación para diputados. El artículo siguiente, el 93, ya muestra que las universidades, públicas y privadas, pueden crear este mismo tipo de programas por su propia cuenta. No hace falta que el Estado nacional cree y financie un programa paralelo cuando ya existe una vía de mercado para lo mismo.

## Propuesta de solución

Sobre los artículos 62 y 63

Antes de que una sanción de destitución o suspensión solicitada por la Procuraduría contra un diputado se haga efectiva, debe pasar primero por la revisión y ratificación del Consejo de Estado, tal como ya lo exige la Ley 2094 de 2021 para cualquier funcionario de elección popular. La facultad de la Procuraduría de investigar y solicitar la sanción se mantiene sin cambios, lo único que se ajusta es que el presidente de la asamblea solo la hace efectiva después de esa ratificación judicial.

Sobre el artículo 80

El régimen de seguridad social de los diputados se financia con ingresos propios del departamento, nunca con transferencias del presupuesto central de la Nación.

Sobre el artículo 81

La tabla de remuneración de diputados que fija hoy la ley queda como esquema de partida desde el día uno, con el mismo contenido de hoy. La propia asamblea, mediante ordenanza, puede modificar después ese monto en cualquier dirección, siempre bajo tres condiciones. Esa remuneración se financia solo con ingresos propios del departamento, nunca con transferencias de la Nación. Ningún incremento anual puede superar el veinte por ciento sobre el valor del año anterior ajustado por inflación. Y la decisión concreta se publica en el registro digital ya descrito en el artículo 42 de la Propuesta 2 de este mismo proyecto, antes de entrar en vigencia.

Sobre el artículo 82

El auxilio de cesantías se liquida sobre los meses realmente sesionados en el año, no sobre un año completo ficticio de doce meses.

Sobre el artículo 83

El monto del seguro de vida de los diputados queda como esquema de partida desde el día uno, con el mismo contenido de hoy. La propia asamblea, mediante ordenanza, puede modificar después ese monto en cualquier dirección, bajo las mismas tres condiciones ya descritas en el artículo 81 de esta misma propuesta.

Sobre los artículos 86 y 90

Las vacaciones y la prima de vacaciones se liquidan sobre los meses realmente sesionados en el año, no sobre un año completo ficticio de doce meses.

Sobre el artículo 91

La tarifa de gastos de viaje que hoy fija el Gobierno nacional queda como esquema de partida desde el día uno. Cada departamento, mediante decreto del gobernador, puede modificar después esa tarifa en cualquier dirección, dentro del mismo techo presupuestal ya exigido por este artículo.

Sobre el artículo 92

Se deroga la obligación de la ESAP de crear programas gratuitos de capacitación para diputados. La capacitación de diputados queda cubierta por la oferta que ya habilita el artículo 93 a través de las universidades públicas y privadas, sin que el Estado nacional tenga que crear ni financiar un programa propio para esto.

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Propuesta ciudadana publicada en Destraba Colombia — https://www.destraba.org
