Destraba Colombia · Propuesta ciudadana

Que cada departamento y municipio tenga la última palabra sobre su propio territorio #1

Norma
Ley 1454 de 2011 · Nacional
Acción propuesta
Derogar
Estado
Recibido
Etiquetas
Trámites, Justicia, Servicios públicos, Economía, Campo
Autor
PORTO (@fport2)
Publicada
21 de agosto de 2026
Respaldo
0 apoyos · 0 comentarios · 0 reposts

Desarrollo de la idea

Sobre el artículo 3 El artículo 3 es la lista de principios que debe seguir todo el ordenamiento territorial del país. El principio 2 dice que los territorios tienen autonomía. El principio 3 dice que el poder se debe trasladar de Bogotá hacia el territorio. Eso está bien. El problema es que el principio 1, antes de hablar de autonomía, pone primero la unidad nacional como algo que hay que proteger, dejando ver que la autonomía siempre queda por debajo de la unidad en el propio orden del texto. También el principio 8 dice que los territorios con más plata y más capacidad deben ayudar a los territorios más pobres, como una obligación fija de la ley, no como algo que cada territorio decide si quiere hacer. Sobre el artículo 4 El artículo 4 crea la Comisión de Ordenamiento Territorial, la COT, que da consejos sobre cómo organizar el país. La COT solo aconseja, no manda, eso está bien. El problema es un párrafo que dice que la COT también "orientará" a los departamentos y municipios sobre cómo aplicar sus principios, es decir, no solo aconseja a Bogotá, también vigila cómo se comporta el territorio. Sobre el artículo 5 El artículo 5 dice quién forma parte de la COT. De sus siete integrantes, cinco son del Gobierno Nacional o elegidos por él, dos ministros, el director del IGAC, un delegado de las Corporaciones Autónomas, y un experto que el propio Gobierno designa. Ningún gobernador ni alcalde tiene un puesto propio en un cuerpo que se supone piensa cómo se organiza el poder del territorio, y un solo delegado elegido por todos los gobernadores del país, o por todos los alcaldes, tampoco resolvería bien el problema, porque un departamento como Vichada y uno como Cundinamarca tienen realidades demasiado distintas para que una sola persona hable por los dos a la vez. Sobre el artículo 7 El artículo 7 dice que el Departamento Nacional de Planeación, el DNP, es quien organiza el trabajo diario de la COT. El problema es que el DNP es una oficina técnica del Gobierno Nacional, no un organismo neutral, y ponerlo a organizar justamente el cuerpo que piensa la autonomía territorial es un conflicto de interés, es la oficina central resolviendo su propia tarea. Sobre el artículo 16 El artículo 16 deja que dos o más municipios vecinos formen una provincia para organizar juntos sus servicios, y algo notable, el 10% de los votantes de esos municipios puede pedir la creación de la provincia directamente, sin esperar al alcalde. El problema es que un párrafo dice, de forma confusa, que municipios sin vecindad entre sí "no implicará" que puedan asociarse económicamente, sin quedar claro si eso prohíbe o permite. Además, la ley cierra por completo cualquier plata nacional o del Sistema General de Participaciones para financiar estas provincias, lo cual puede desanimar justo a los municipios más pobres, que son los que más necesitarían unirse para ahorrar costos. Sobre el artículo 17 El artículo 17 prohíbe que asociarse entre territorios sirva de excusa para gastar más en funcionamiento o para crecer la planta de personal. Eso es bueno, evita que la asociación se use para inflar burocracia. El problema es que esta prohibición es total y la pone Bogotá para todos los territorios por igual, sin dejar que un departamento o municipio con plata de sobra decida, si así lo quiere, financiar con su propio esfuerzo una planta adicional necesaria para que la asociación funcione bien. Sobre el artículo 18 El artículo 18 deja que la Nación firme contratos especiales, llamados contratos plan, con territorios o asociaciones de territorios para hacer proyectos juntos. El problema es que la Nación decide contratar "cuando lo considere pertinente", sin ninguna obligación de responder si un territorio le propone uno y sin ningún plazo para contestar. Sobre el artículo 19 El artículo 19 crea las Regiones de Planeación y Gestión, y dice que los territorios pueden juntarse libremente para formarlas. El problema es que agrega que "solo se podrán asociar las entidades territoriales afines", sin decir qué significa afinidad, dejando ese filtro a que alguien más lo interprete después, probablemente desde un reglamento nacional. Sobre el artículo 20 El artículo 20 dice que la Nación puede delegar en los territorios funciones que hoy hace ella, con la plata correspondiente para cumplirlas. El problema es que todo depende de que la Nación "podrá" delegar, sin ninguna obligación de hacerlo, sin plazo para responder si un territorio lo pide, y sin ninguna regla de qué pasa si la Nación quiere quitar después una función ya delegada. Además, el artículo solo contempla que la Nación delegue en los territorios, no dice nada de que un departamento pueda delegar sus propias funciones en un municipio que se las pida, dejando ese mismo alivio solo disponible en un sentido. Incluso corrigiendo esos puntos con un plazo de respuesta, el territorio seguiría empezando desde cero y esperando a que alguien de arriba conteste, cuando lo más cercano a nuestra visión es que la función quede en manos del territorio desde el momento en que la pide, y sea el nivel de arriba quien tenga que actuar y justificar si quiere negarla.

Propuesta de solución

Sobre el artículo 3 Modificar los numerales 1 y 8 para que la lista ya no ponga la unidad nacional antes que la autonomía, sino que presente los dos principios sin que uno preceda al otro en el texto, dejando el balance real entre ambos, sobre todo en materia fiscal, donde la Constitución sigue pesando más hacia la unidad, en manos de la Constitución y no de esta ley. Modificar también el numeral 8 para que ayudar a otros territorios más pobres deje de ser una obligación fija de la ley y pase a ser algo que cada territorio decide si quiere hacer, por ejemplo dentro de una asociación voluntaria, no como mandato general. Sobre el artículo 4 Modificar el parágrafo para quitar la función de orientar a los departamentos y municipios. La COT sigue aconsejando al Gobierno Nacional y al Congreso, pero deja de tener cualquier rol sobre cómo se comporta el territorio, eso ya no le corresponde a un cuerpo asesor nacional. Sobre el artículo 5 Modificar el artículo para agregar seis asientos nuevos, tres elegidos por los gobernadores y tres elegidos por los alcaldes, uno de cada grupo por turno para cada una de las seis regiones del país, Caribe, Andina, Pacífica, Orinoquía, Amazonía, e Insular. La COT pasaría de siete a trece integrantes. Cada asiento dura cuatro años, arrancando a mitad de un período presidencial y terminando a mitad del siguiente, para que ningún cambio de delegado coincida con un cambio de presidente. Los tres asientos de gobernadores empiezan en momentos distintos entre sí, y lo mismo los tres asientos de alcaldes por su lado, para que la COT nunca pierda a todos sus delegados territoriales al mismo tiempo. Cuando el período de una región termina, el turno pasa a la siguiente región en la fila, la persona que sale no queda inhabilitada, puede volver a ocupar el asiento más adelante si su región lo decide. El único requisito para ser elegido es vivir en la región de turno. Cómo decide cada región a quién elegir, si por votación, por acuerdo, o rotando entre sus propios gobernadores o alcaldes, queda completamente en manos de esa región, la ley no impone el método. Lo único que la ley sí exige es que la conversación entre los gobernadores, o entre los alcaldes, de la región de turno ocurra de verdad. Eso significa una convocatoria formal y por escrito a todos los gobernadores o alcaldes de la región, con anticipación suficiente y con registro de que todos fueron invitados, un plazo fijo de días para que la región llegue a un acuerdo, y una salida automática si ese plazo se cumple sin acuerdo, por ejemplo que ocupe el puesto quien lleve más tiempo en su cargo dentro de esa región en ese momento, para que el asiento nunca quede vacío por falta de acuerdo. Sobre el artículo 7 Modificar el artículo para que la Secretaría Técnica de la COT deje de estar en manos del DNP y pase a un delegado elegido conjuntamente por los gobernadores y alcaldes, con apoyo administrativo del DNP solo si el delegado territorial lo solicita. Sobre el artículo 16 Modificar el párrafo confuso para que diga con claridad que los municipios sin continuidad geográfica sí pueden asociarse para fines económicos, sin ninguna duda de redacción. Modificar también para permitir que las provincias puedan competir por recursos del Fondo de Desarrollo Regional, igual que otros esquemas asociativos, sin que esto toque ni un peso del Sistema General de Participaciones. Sobre el artículo 17 Modificar el inciso que prohíbe el gasto de funcionamiento adicional para que, en vez de una prohibición general con excepción, la regla pase a ser que cada territorio decide libremente, por ordenanza en el departamento y por acuerdo en el municipio, si autoriza o no ese gasto adicional al asociarse, siempre pagado con sus propios recursos, sin usar plata del Sistema General de Participaciones ni del presupuesto nacional. Sobre el artículo 18 Modificar el inciso segundo para que, cuando un territorio o una asociación de territorios proponga formalmente un contrato plan, la Nación tenga un plazo fijo para responder, aceptando, rechazando con explicación escrita, o proponiendo ajustes, en vez de poder simplemente no contestar nunca. Sobre el artículo 19 Modificar el artículo para quitar la palabra afines sin definir, y dejar que sean los propios territorios interesados quienes decidan si tiene sentido asociarse entre ellos, sin necesitar que un reglamento nacional apruebe primero si son parecidos entre sí. Sobre el artículo 20 Modificar el artículo para que, cuando un territorio pida formalmente la delegación de una atribución nacional concreta, esa delegación quede vigente desde el mismo momento de la solicitud, sin esperar respuesta de la Nación. La Nación solo puede reclamar después esa atribución si demuestra, ante una instancia distinta a ella misma, una causal objetiva de incapacidad del territorio para ejercerla, nunca por decisión unilateral propia ni de un día para otro. Modificar además para que este mismo mecanismo, delegación efectiva desde la solicitud, y reclamo posterior solo con causal objetiva ante una instancia distinta, aplique cuando un municipio le pida a su propio departamento que le delegue una función que hoy el departamento ejerce, con la plata correspondiente, así el departamento también reparte tareas hacia el municipio sin depender de que la Nación intervenga primero.