# Infraestructura de transporte con capital privado y autonomía territorial #1

- **Norma:** Ley 1682 de 2013 · Nacional
- **Acción propuesta:** Modificar
- **Estado:** Recibido
- **Etiquetas:** Trámites, Economía, Corrupción, Servicios públicos, Descentralizar, Autonomizar, Transporte
- **Autor:** PORTO (@fport2)
- **Publicada:** 2 de septiembre de 2026
- **Respaldo:** 0 apoyos · 0 comentarios · 0 reposts
- **Enlace:** https://www.destraba.org/propuesta/jDUqcXiVhKlg7x6j4v64

## Desarrollo de la idea

Sobre el artículo 5

Dice que la función pública de infraestructura se ejerce "directamente o con la participación de los particulares", nombrando primero la ejecución directa del Estado y dejando la participación privada como algo adicional, en vez de dejar el capital privado como la única vía real y la ejecución estatal con presupuesto propio fuera de la ecuación salvo el mismo préstamo de última instancia que ya corregimos en el artículo 17.

Sobre el artículo 7

Exige la misma batería completa de siete verificaciones a cualquier proyecto sin importar su tamaño, y no dice qué pasa si la autoridad o empresa consultada no responde dentro de los treinta días que exige el propio artículo, el estructurador queda sin ninguna salida automática si la información nunca llega.

Sobre el artículo 10

Cuando un proyecto nacional interviene una vía secundaria o terciaria, que ya es territorial por naturaleza, y no hay acuerdo con la entidad territorial en noventa días, la Nación puede seguir adelante sola sin que la entidad territorial tenga ningún mecanismo real para objetar antes de que el proyecto avance.

Sobre el artículo 14

La cláusula compromisoria para resolver controversias por arbitraje o amigable composición es opcional, "las partes podrán incluirla", en vez de ser la opción por defecto desde la firma del contrato.

Sobre el artículo 15

Permite que cualquier interesado desarrolle por su cuenta y riesgo un proyecto de infraestructura, pero todo lo que resulte pasa a ser propiedad de la Nación o la entidad territorial sin ningún pago, y el particular no obtiene ni siquiera un derecho preferente sobre lo que construyó con su propio capital, esto desincentiva por completo la inversión privada voluntaria.

Sobre el artículo 16

Exige el mismo nivel de estudios en etapa de factibilidad a cualquier proyecto antes de abrir el proceso de selección, sin graduarlo según el tamaño real del proyecto.

Sobre el artículo 17

El segundo inciso obliga a que todo proyecto nuevo, sin excepción, se planee desde el inicio con jornadas de tres turnos de veinticuatro horas los siete días de la semana, un mandato universal que le impone a cualquier obra, grande o pequeña, el mismo régimen de trabajo más intensivo posible, sin ninguna razón técnica que lo justifique como la única forma correcta de planear cualquier proyecto.

Sobre el artículo 19

La expropiación queda declarada por acto administrativo, pero nada obliga al Estado a comprometerse siempre a un plazo cierto de pago, ni existe ningún incentivo real para el propietario que acepta vender rápido por las buenas en vez de esperar todo el proceso de expropiación.

Sobre el artículo 30

El artículo da por hecho que el pago del inmueble ya ocurrió para cerrar el litigio, sin decir qué pasa ni qué consecuencia real existe si el Estado se demora en pagar lo pactado, sea en una venta negociada o en la liquidación final de una expropiación.

Sobre el artículo 37

El lucro cesante se calcula solo hasta un máximo de seis meses de rendimientos reales, sin importar cuánto tiempo real tome cerrar la adquisición, si el Estado se demora más de seis meses en pagar, el propietario deja de recibir compensación por el ingreso perdido más allá de ese tope, aunque la demora sea enteramente responsabilidad del Estado.

Sobre el artículo 48

El parágrafo 4 limita el reconocimiento al prestador de la red al valor "que no haya sido pagado o amortizado vía tarifa", pero es el propio prestador quien calcula ese monto, sin ninguna verificación independiente, con un incentivo real a subestimarlo para cobrar más por el traslado. Además, los plazos de respuesta, entrega de diseño y negociación de costos son fijos a nivel nacional, sin ningún margen para que la entidad territorial que ejecuta el proyecto los ajuste.

Sobre el artículo 51

Permite financiar el traslado de redes como préstamo reembolsable con una tasa que "no podrá ser inferior a" la tarifa regulada del sector, pero no exige ningún mecanismo público de verificación de que la tasa realmente aplicada cumpla ese piso.

Sobre el artículo 53

Obliga a que todo proyecto nuevo prevea espacio para redes de telecomunicaciones "previa solicitud del Ministerio de TIC", sin ningún plazo para que ese Ministerio responda, dejando al proyecto de infraestructura esperando indefinidamente. Cuando la coordinación de ese espacio involucra a varios municipios de un mismo departamento, el Ministerio de TIC tiene que convocar primero, sin que los municipios puedan coordinarse directamente entre ellos.

Sobre el artículo 56

Las obras de infraestructura que construye un titular minero para su propia operación revierten gratuitamente al Estado al terminar la concesión minera, sin ninguna compensación por la inversión privada real que el minero hizo en esa infraestructura. El artículo 113 del Código de Minas ya exige esa misma reversión gratuita para los inmuebles e instalaciones fijas destinadas en forma exclusiva al transporte y al embarque de los minerales de esa concesión, un piso de una norma superior distinta a esta ley que no se puede pasar por alto.

Sobre el artículo 58

El plazo de treinta días de negociación entre la entidad territorial y el titular minero para la autorización temporal de materiales de construcción lo fija de forma fija esta ley, sin ningún margen territorial, y toda decisión queda centralizada en la Agencia Nacional de Minería sin ninguna oficina más cercana al territorio que resuelva más rápido.

Sobre el artículo 59

Misma centralización que el artículo 58, aplicada a la compensación al titular minero cuando un proyecto de infraestructura interfiere con sus derechos.

Sobre el artículo 60

Reserva de forma automática el veinte por ciento de la capacidad portuaria de cualquier puerto del país para hidrocarburos de regalías, sin importar si ese puerto específico ya tiene demanda comercial real que compita por ese mismo espacio.

## Propuesta de solución

Sobre el artículo 5

Invertir el orden para que la participación de capital privado sea la única vía por defecto. Si no existe interés privado real bajo ningún esquema de participación, el proyecto no se ejecuta, salvo que aplique el mismo mecanismo de préstamo con tasa real ya corregido en el artículo 17 de esta ley, nunca un desembolso a fondo perdido ni la ejecución directa del Estado con presupuesto propio como opción de reemplazo.

Sobre el artículo 7

Agregar que si la entidad consultada no responde dentro de los treinta días, el estructurador puede continuar el proceso dejando constancia del silencio, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria de quien no respondió. Graduar la profundidad del análisis según el tamaño real del proyecto para las categorías administrativas, redes de servicios públicos, patrimonio cultural no declarado, títulos mineros y diagnóstico predial, dejando fijas sin ninguna graduación posible las comunidades étnicas y los predios con protección o restitución de tierras. Permitir que la entidad estructuradora, del nivel de gobierno que sea, fije su propio criterio de graduación para las categorías administrativas.

Sobre el artículo 10

Cuando el proyecto recaiga sobre la red secundaria o terciaria y no exista una razón real de conectividad interregional que justifique la ejecución directa de la Nación, la ejecución le corresponde por defecto a la entidad territorial, salvo que esta ceda esa ejecución de forma voluntaria.

Sobre el artículo 14

Incluir la cláusula compromisoria por defecto en todo contrato de infraestructura de transporte desde la firma, salvo que alguna de las partes pida expresamente excluirla. Mantener sin cambios los límites nacionales existentes, máximo tres tribunales por árbitro y honorarios topados desde la cláusula, porque protegen contra la captura de un círculo pequeño de árbitros por parte del poder político de turno, sin importar si ese poder es nacional o local.

Sobre el artículo 15

Dar al particular que desarrolla el proyecto por su cuenta y riesgo el derecho a explotar económicamente la infraestructura que construyó por un plazo definido, similar a una concesión, en vez de que el bien pase de forma automática y sin compensación a la propiedad estatal.

Sobre el artículo 16

Graduar la profundidad exigida de los estudios en etapa de factibilidad según el tamaño real del proyecto, y permitir que la entidad territorial que estructura un proyecto pequeño fije su propio criterio de graduación.

Sobre el artículo 17

Eliminar la obligación universal de planear en tres turnos de veinticuatro horas, dejando ese régimen como una opción disponible que el contratista puede elegir o pedir según el análisis de costo beneficio de cada proyecto específico, tal como ya funciona el resto del artículo.

Sobre el artículo 19

Obligar siempre a un plazo de pago cierto, fijado por la ley o el reglamento, tanto en la venta negociada como en la liquidación final tras una expropiación, sin dejarlo a discreción del Estado si lo pacta o no. Reconocer al propietario que acepte la venta negociada dentro de ese plazo un porcentaje adicional sobre el valor del avalúo comercial, financiado con el ahorro real en tiempo y costos judiciales que la venta temprana le evita al Estado frente a un proceso de expropiación completo.

Sobre el artículo 30

Establecer que la transferencia del dominio no queda perfeccionada, y el Estado no puede consolidar la posesión definitiva del predio, hasta que el pago o el depósito judicial correspondiente estén efectivamente consignados. Si el Estado no paga dentro del plazo obligatorio, generar de forma automática un interés de mora calculado con el Indicador Bancario de Referencia más un margen de riesgo, sin que el propietario tenga que reclamarlo primero.

Sobre el artículo 37

Extender el reconocimiento del lucro cesante más allá de los seis meses cuando la demora en el pago sea imputable al Estado, coherente con la obligación de plazo cierto de pago ya corregida en los artículos 19 y 30.

Sobre el artículo 48

Exigir que la Comisión de Regulación correspondiente, ya mencionada en el propio artículo para el reporte tarifario, certifique de forma independiente el monto ya amortizado vía tarifa antes de reconocer cualquier pago adicional al prestador. Permitir que la entidad territorial que ejecuta el proyecto fije sus propios plazos de respuesta, entrega de diseño y negociación de costos, en cualquier dirección, sin necesidad de autorización nacional previa.

Sobre el artículo 51

Exigir que la tasa aplicada en cada contrato de aporte reembolsable se publique en el registro digital de la entidad, para que cualquier interesado pueda verificar que cumple el piso mínimo exigido por la ley.

Sobre el artículo 53

Incluir por defecto en todo proyecto nuevo la previsión técnica básica de espacio para redes de telecomunicaciones, dejando que la entidad responsable del proyecto decida no incluirla si documenta que no aplica, sin depender de una solicitud previa del Ministerio de TIC. Financiar el despliegue con cargo al Fontic como préstamo con tasa igual al Indicador Bancario de Referencia más margen, nunca a fondo perdido, y si el proyecto no resulta viable ni con ese préstamo, no ejecutar el despliegue en ese proyecto. Esta pieza exige además restablecer la función de crédito del Fontic en el numeral 23 del artículo 35 de la Ley 1341 de 2009, que el artículo 372 de la Ley 2294 de 2023 le quitó, porque hoy el Fontic solo tiene mandato legal para financiar a fondo perdido, no para prestar, y esta ley por sí sola no alcanza a devolverle esa facultad. Permitir que, cuando la coordinación involucre a varios municipios de un mismo departamento, el departamento convoque y coordine directamente esa reserva de espacio entre los municipios afectados, sin pasar por el Ministerio de TIC salvo que algún territorio lo pida expresamente.

Sobre el artículo 56

Mantener la obligación de dar acceso real a terceros mientras dure la concesión, porque protege el uso de un recurso que es del Estado por mandato constitucional. Para la infraestructura que no encaje en la definición estrecha del artículo 113 del Código de Minas, es decir que no esté destinada en forma exclusiva al transporte o al embarque de los minerales de esa concesión, eliminar la reversión gratuita y dejar que al terminar la concesión el privado dueño de esa infraestructura elija entre seguir operándola bajo la misma obligación de acceso a terceros, venderla al Estado a valor comercial real tasado de forma independiente, o pedir la renovación del permiso de uso del suelo para seguir operando de forma privada. Para la infraestructura que sí encaje en esa definición estrecha, mantener la reversión gratuita tal como la exige el Código de Minas, porque esta ley no puede bajar un piso fijado por una norma superior distinta.

Sobre el artículo 58

Mantener en la Agencia Nacional de Minería el piso técnico obligatorio, precio de mercado normalizado, plazo máximo de siete años y criterios objetivos para designar peritos. Resolver el trámite puntual en una oficina regional de la propia Agencia, no en Bogotá, dentro de un plazo real. Exigir que, antes de resolver, la oficina regional concerte con la gobernación o la alcaldía del territorio afectado los aspectos ambientales y sociales del caso, con un plazo máximo de respuesta para esa concertación.

Sobre el artículo 59

Aplicar la misma corrección del artículo 58, oficina regional de la Agencia Nacional de Minería que resuelve dentro de un plazo real, con concertación obligatoria y de plazo fijo con la entidad territorial afectada antes de decidir.

Sobre el artículo 60

Dejar el veinte por ciento como techo máximo, no como reserva automática, exigiendo que la Agencia Nacional de Hidrocarburos demuestre la necesidad real de capacidad antes de activarla en un puerto específico, evaluado por la oficina regional de la Agencia más cercana a ese puerto.

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Propuesta ciudadana publicada en Destraba Colombia — https://www.destraba.org
