Versión en texto de esta propuesta: https://www.destraba.org/propuesta/6khGD6BtR8D2tj2eVGLb.md

Destraba Colombia · Propuesta ciudadana

ICA de Santa Marta, sanciones proporcionales y trato parejo por sector

Norma
Acuerdo 18 de 2025 · Municipal · Santa Marta
Acción propuesta
Modificar
Estado
Recibido
Etiquetas
Impuestos, Economía, Trámites, Justicia, Empleo
Autor
PORTO (@fport2)
Publicada
23 de agosto de 2026
Respaldo
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Desarrollo de la idea

Sobre el artículo 12 Cuando un negocio en Santa Marta cree que tiene derecho a descontar una parte de sus ingresos antes de calcular el impuesto de industria y comercio, este artículo lo obliga a guardar los documentos que prueben ese descuento y a mostrarlos si la administración se los pide. Eso está bien, es razonable pedir pruebas. El problema está en lo que pasa si esos documentos no aparecen. El artículo dice que la falta de esa prueba hace perder el descuento y además genera la misma sanción que si el negocio hubiera inventado el descuento a propósito para pagar menos, más intereses. No hay ninguna diferencia entre perder un papel por descuido y mentir a propósito, las dos cosas terminan con el mismo castigo. Sobre el artículo 21 Este artículo fija en catorce pesos por cada mil pesos de ingreso la tarifa que pagan los bancos, las aseguradoras y otras entidades financieras en Santa Marta. La ley nacional que regula este impuesto en todo el país pone límites especiales y más bajos justo para este tipo de entidades, tres pesos por cada mil para las corporaciones de ahorro y vivienda, y cinco pesos por cada mil para el resto de entidades financieras. Un tribunal ya le quitó validez a una tarifa parecida en otro municipio del país, justo por pasarse de ese límite especial más bajo. Existe una excepción real en la ley, una ciudad que es capital de departamento puede copiar las reglas de tarifas que usa Bogotá, que sí llegan más alto, pero solo si el alcalde propuso ese cambio con un estudio serio sobre la situación tributaria de la ciudad. El texto de este artículo no muestra que ese paso se haya cumplido. Sobre el artículo 24 Dentro de este artículo, el numeral 1.1 le da un descuento de hasta el noventa por ciento del impuesto, mucho más generoso que cualquier otro beneficio del acuerdo, únicamente a los concesionarios nuevos de vehículos que venden carros eléctricos o híbridos, y solo si contratan una cantidad exacta de empleados nuevos y venden un porcentaje mínimo de vehículos de bajas emisiones. Es decir, este numeral elige de antemano un sector específico, la venta de autos, y dentro de ese sector elige además qué producto debe vender y cuánta gente debe contratar cada empresa, para decidir quién paga menos impuesto. Un concesionario que vende autos comunes paga la tarifa completa, y una fábrica o un comercio de cualquier otro sector, aunque también genere muchos empleos nuevos, no accede a nada parecido. Sobre el artículo 28 Este artículo dice que cuando alguien no le informa a quien le retiene el impuesto cuál es su actividad económica, o esa actividad no se puede saber con certeza, automáticamente se le cobra la tarifa más alta que existe en todo el estatuto, durante todo el periodo. No hay un paso intermedio, no importa si la persona simplemente no sabía que tenía que avisar o si se le pasó por descuido, el resultado es el mismo que si hubiera querido esconder su actividad a propósito para pagar menos. Sobre el artículo 38 El primer inciso de este artículo, que obliga a informar la condición de contribuyente o exento, está bien. El problema está en el segundo inciso, que repite el mismo defecto del artículo 28 para los negocios afiliados a sistemas de tarjeta débito o crédito. Si el negocio no informa su actividad, o no informa que está exento, queda sujeto de inmediato a la tarifa más alta posible, otra vez sin ningún paso intermedio entre el simple olvido y la sanción más dura que existe.

Propuesta de solución

Sobre el artículo 12 Que la falta de un documento solo se trate como fraude cuando la administración tributaria pueda mostrar algo concreto que indique que el negocio quiso engañar, por ejemplo un descuento que nunca existió. Si el negocio simplemente no guardó bien un papel pero puede reconstruir con otra información que el descuento sí correspondía a un hecho real, que se le dé la oportunidad de completar esa prueba en un plazo razonable antes de aplicarle la sanción más dura. Sobre el artículo 21 Que la tarifa baje al límite general que la ley nacional pone para las entidades financieras, cinco pesos por cada mil para la mayoría y tres pesos por cada mil para las corporaciones de ahorro y vivienda, salvo que el Distrito publique de forma clara el estudio técnico y la iniciativa del alcalde que la ley exige para que una ciudad capital pueda usar una tarifa más alta como la de Bogotá. Mientras ese requisito no se muestre cumplido, la tarifa debería quedar en el límite general y no en el catorce por mil actual. Sobre el artículo 24 En el numeral 1.1, que el descuento por generar empleo nuevo deje de estar reservado solo a la venta de autos eléctricos o híbridos, y que cualquier empresa nueva de cualquier sector que genere la misma cantidad de empleos directos y permanentes acceda al mismo descuento, sin que se le exija además vender un producto específico o cumplir una meta de mezcla tecnológica que nada tiene que ver con la creación de empleo en sí misma. Sobre el artículo 28 Que la tarifa que se aplique por defecto cuando no hay información sea la tarifa general del impuesto, no la más alta de todo el estatuto, y que la tarifa máxima se reserve para los casos en que la administración tributaria pueda mostrar que hubo una intención real de esconder la actividad para pagar menos. Que además se le dé al contribuyente un plazo corto para informar su actividad y corregir la situación antes de que se le aplique cualquier tarifa mayor a la general. Sobre el artículo 38 En el segundo inciso, el mismo cambio que en el artículo 28, que la tarifa por defecto sea la general y no la máxima, y que la tarifa máxima solo se aplique cuando se demuestre intención real de esconder la actividad, con el mismo plazo corto de corrección antes de aplicar cualquier tarifa mayor a la general.

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