Versión en texto de esta propuesta: https://www.destraba.org/propuesta/IEEvVs7SW0JMGfdbEk64.md

Destraba Colombia · Propuesta ciudadana

Asociaciones Público Privadas eficientes y con autonomía territorial

Norma
Ley 1508 de 2012 · Nacional
Acción propuesta
Modificar
Estado
Recibido
Etiquetas
Trámites, Economía, Corrupción, Tecnología, Descentralizar, Autonomizar, Servicios públicos
Autor
PORTO (@fport2)
Publicada
31 de agosto de 2026
Respaldo
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Desarrollo de la idea

Sobre el artículo 3 Exige un mínimo de seis mil salarios mínimos legales mensuales para poder usar el esquema de Asociación Público Privada, así que cualquier proyecto de infraestructura más pequeño, típicamente uno municipal, queda obligado a la obra pública tradicional sin transferencia real de riesgo al privado. El control real contra el sobreendeudamiento no depende de este umbral, depende de otro artículo de esta misma ley que exige límites de deuda y aprobación del riesgo fiscal contingente, así que el umbral en sí no cumple ninguna función de protección. Sobre el artículo 5 Cuando la retribución al privado se paga con derechos reales sobre un predio, es el Gobierno Nacional el que reglamenta cómo se tasa ese predio, sin dejarle nada a la entidad territorial dueña real de la tierra, aunque el valor de un predio varía mucho de una región a otra y la entidad territorial conoce su propio mercado de tierras mejor que un reglamento nacional único. Sobre el artículo 6 El contrato tiene un tope de treinta años, y para superarlo depende de un concepto previo del CONPES sin ningún criterio objetivo publicado de antemano, la decisión queda completamente discrecional. Además, ese tope nacional no deja ningún margen a que una entidad territorial fije uno más corto según su propio criterio de riesgo. Sobre el artículo 10 El sistema de precalificación para elegir contratistas depende por completo de un reglamento nacional único, sin ningún espacio para que una entidad territorial lo ajuste a la escala real de su propio proyecto. Sobre el artículo 11 Exige la misma batería completa de cinco estudios previos, sin ninguna graduación, tanto a un proyecto apenas por encima del umbral mínimo como a uno mucho más grande. La aprobación del riesgo fiscal contingente por parte del Ministerio de Hacienda sí tiene una razón real de control sistémico que no conviene tocar. Sobre el artículo 16 Si pasan dos meses desde que la entidad ya calificó un proyecto como viable sin que se llegue a un acuerdo sobre las condiciones finales, el proyecto se entiende negado de forma automática, aunque el privado ya invirtió en toda la estructuración y la demora en cerrar el acuerdo puede no ser culpa suya. Sobre el artículo 17 Permite que el Estado aporte hasta el 30% del presupuesto de un proyecto, o el 20% en carreteras, como un desembolso a fondo perdido, sin que ese dinero público se recupere ni genere ningún rendimiento para el Estado. Sobre el artículo 18 El tope del 20% para adiciones y prórrogas combinadas es igual para todo el país, sin ningún margen para que una entidad territorial lo baje según su propio criterio de riesgo. Sobre el artículo 19 El plazo de publicación de uno a seis meses antes de contratar directo con el originador, cuando el proyecto no necesita plata pública, lo fija solo el reglamento nacional, sin ningún margen territorial. Sobre el artículo 20 El plazo de diez días hábiles para que el originador iguale la mejor oferta de un tercero interesado es fijo a nivel nacional, sin ningún margen para que una entidad territorial lo amplíe cuando la complejidad de su proyecto lo justifique. Sobre el artículo 22 Exige incluir cláusulas excepcionales como la caducidad y la terminación unilateral, facultades donde el Estado decide y ejecuta antes de que ningún juez se pronuncie, sin darle al privado ninguna vía rápida para cuestionar esa decisión, que queda sujeto a la lentitud ordinaria de la jurisdicción contenciosa mientras la declaratoria ya le produjo efectos. Sobre el artículo 25 Crea un registro público único de todos los proyectos de Asociación Público Privada del país, pero no exige que ese registro tenga una interfaz de programación pública, así que cualquier análisis o cruce de datos depende de entrar a mirar la página, no de poder descargar la información de forma automatizada. Sobre el artículo 26 El CONPES fija cada año el límite de vigencias futuras para estos proyectos sin ningún criterio objetivo publicado de antemano, y el Confis puede reconsiderar el aval fiscal más allá del diez por ciento del valor aprobado en casos excepcionales sin decir cuáles son esos casos. Sobre el artículo 29 Cobra una tasa del diez por ciento del valor de una adición, o el uno por ciento de una prórroga, aunque ese porcentaje no tiene relación con el costo real de estudiar la solicitud, una adición grande no le cuesta al Ministerio cien veces más trabajo que una pequeña. Cuando el proyecto es territorial y el estudio lo hace la propia entidad territorial, igual hay que pagarle la tasa al Ministerio de Hacienda nacional. Sobre el artículo 32 Cuando el Estado le queda debiendo plata al contratista tras una liquidación y paga en cuotas diferidas hasta por cinco años, el interés que se le reconoce al contratista por esa demora queda sujeto a un reglamento del Gobierno Nacional sin atarlo a ningún indicador de mercado real. Sobre el artículo 35 Crea una subcomisión del Congreso que se reúne cada tres meses para hacerle seguimiento a esta ley, y exige un acápite anual en el informe del Departamento Nacional de Planeación, aunque el registro público de proyectos de otro artículo de esta misma ley, con su interfaz de programación ya corregida, ya muestra esa misma información en cualquier momento, sin depender de una reunión trimestral ni de un informe que aparece una sola vez al año. Sobre el artículo 39 Nombra de forma expresa dos derogatorias puntuales, pero conserva además la fórmula genérica de derogar todas las disposiciones contrarias, dejando abierta la misma ambigüedad de siempre sobre qué otra norma exactamente quedó sin efecto.

Propuesta de solución

Sobre el artículo 3 Dejar el umbral nacional de seis mil salarios mínimos como opción por defecto, y permitir que el Concejo o la Asamblea de la entidad territorial fije, mediante acuerdo u ordenanza, un umbral menor para los proyectos de su jurisdicción, nunca mayor, sin necesidad de autorización nacional previa, porque el riesgo fiscal real ya queda controlado por otras reglas que aplican sin depender de este umbral. Sobre el artículo 5 Dejar que la entidad territorial dueña del predio fije su propia metodología de tasación para este tipo de retribución en especie, dentro de un marco general mínimo nacional que solo exista para evitar fraude de valoración, no para fijar el valor mismo. Sobre el artículo 6 Reemplazar el concepto discrecional del CONPES por un plazo variable que termine de forma automática cuando la interventoría certifique que el operador recuperó la inversión pactada, ajustada por inflación, sin necesidad de ningún concepto adicional. Permitir que el Concejo o la Asamblea fije para su jurisdicción un plazo máximo menor o igual al de esta ley, nunca mayor. Sobre el artículo 10 Agregar que el reglamento nacional del sistema de precalificación debe traer un módulo de ajuste que la entidad territorial pueda adaptar según el tamaño real de su proyecto, en vez de un procedimiento único para cualquier escala. Sobre el artículo 11 Graduar la profundidad exigida de los cinco estudios previos según el tamaño real del proyecto, manteniendo intacta la aprobación centralizada del Ministerio de Hacienda sobre el riesgo fiscal contingente. Sobre el artículo 16 En vez de negar el proyecto de forma automática al vencer los dos meses, extender el plazo mientras el privado siga respondiendo de buena fe a las observaciones de la entidad, y exigir que la entidad expida un acto motivado con causal objetiva si de verdad quiere dar por terminada la negociación. Sobre el artículo 17 Cambiar el aporte estatal de desembolso a fondo perdido a préstamo, con tasa igual al Indicador Bancario de Referencia vigente en cada fecha de pago más un margen de riesgo calculado con metodología pública por la misma entidad financiera que valida el modelo financiero del proyecto, exigible con la misma prelación que cualquier acreedor del patrimonio autónomo. Bajar el tope del 30% al 15%, y del 20% al 10% en infraestructura vial de carreteras. Si el proyecto no logra cerrar financieramente ni con ese préstamo reducido, dejarlo como no viable bajo este esquema en vez de subir el tope. Permitir que el Concejo o la Asamblea fije para su jurisdicción un tope menor o igual al ya reducido, nunca mayor. Sobre el artículo 18 Permitir que el Concejo o la Asamblea fije para su jurisdicción un tope de adiciones y prórrogas menor o igual al 20% ya vigente, nunca mayor. Sobre el artículo 19 Permitir que el Concejo o la Asamblea fije para su jurisdicción su propio plazo de publicación dentro del rango de uno a seis meses ya vigente, documentando la razón si decide fijarlo fuera de ese rango. Sobre el artículo 20 Permitir que el Concejo o la Asamblea amplíe para su jurisdicción el plazo de diez días hábiles para que el originador iguale la mejor oferta, sin poder bajarlo nunca por debajo de ese mínimo ya vigente, para no debilitar la garantía que hoy protege por igual al originador y a sus competidores. Sobre el artículo 22 Mantener las cláusulas excepcionales por la razón real que las justifica, evitar que un servicio esencial quede parado mientras se litiga, pero exigir que todo contrato incluya un tribunal arbitral de urgencia ya pactado desde la firma, con un plazo corto y fijo para resolver cualquier impugnación contra una declaratoria de caducidad o terminación unilateral. Sobre el artículo 25 Exigir que el Registro Único de Asociación Público Privada exponga una interfaz de programación pública y documentada, para que cualquier persona o herramienta externa pueda consultar y descargar la información de forma directa. Sobre el artículo 26 Exigir que el CONPES publique con anticipación la metodología con la que fija el límite anual de vigencias futuras, y que el Confis publique de forma taxativa qué cuenta como caso excepcional para reconsiderar el aval fiscal por encima del diez por ciento. Sobre el artículo 29 Reemplazar el porcentaje fijo por el costo real y documentado del estudio, con un tope máximo razonable, en vez de un porcentaje atado al tamaño del contrato. Cuando el estudio de la adición o prórroga lo realice la propia entidad territorial en vez del Ministerio de Hacienda, cobrar la tasa a favor de esa entidad territorial, no del Ministerio. Sobre el artículo 32 Atar el interés de los pagos diferidos al Indicador Bancario de Referencia más un margen calculado con metodología pública, el mismo esquema ya propuesto para el préstamo estatal del artículo 17 de esta ley, en vez de dejarlo a un reglamento sin metodología publicada. Sobre el artículo 35 Derogar este artículo por completo, porque el seguimiento real que busca ya lo cumple, y mejor, el registro público corregido del artículo 25 de esta misma ley. Sobre el artículo 39 Eliminar la fórmula genérica de derogatoria y dejar solo la lista taxativa de normas derogadas, agregando cualquier otra que se identifique con búsqueda real en vez de dejarla implícita.

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