Versión en texto de esta propuesta: https://www.destraba.org/propuesta/mXZLbxuFxan8srGyDy2p.md

Destraba Colombia · Propuesta ciudadana

Autoridad ambiental sin Nación de por medio #3

Norma
Ley 99 de 1993 · Nacional
Acción propuesta
Modificar
Estado
Recibido
Etiquetas
Medio ambiente, Economía, Trámites, Corrupción, Justicia
Autor
PORTO (@fport2)
Publicada
8 de septiembre de 2026
Respaldo
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Desarrollo de la idea

Sobre el artículo 61 El artículo 61 declara la Sabana de Bogotá de interés ecológico nacional, un caso real y verificable dado que alimenta el agua de millones de personas. El Ministerio determina qué zonas son compatibles con minería, y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca solo ejecuta esa determinación al otorgar o negar la licencia. Sobre el artículo 61A El artículo 61A protege las fuentes hídricas de La Guajira, una zona con crisis hídrica real y documentada, con una prohibición minera que se mantiene hasta que se realice una Evaluación Ambiental Estratégica sin ningún plazo fijado para completarla, en la práctica una prohibición indefinida por inercia. Tampoco reconoce compensación a quien tenía una operación legítima antes de la restricción. Sobre el artículo 62 El artículo 62 permite revocar o suspender una licencia ambiental cuando se incumplen sus condiciones, sin prever una vía judicial expedita para el titular que impugne la decisión, pese al impacto económico severo que puede tener. Sobre el artículo 63 El artículo 63 fija los principios de armonía regional, gradación normativa y rigor subsidiario. La Corte ya declaró inexequibles sus dos peores apartes, la apelación obligatoria de licencias de las Corporaciones ante el Ministerio, y el límite automático de sesenta días a cualquier norma territorial más estricta mientras el Ministerio decide si la deja permanente. Lo que queda todavía deja a las entidades territoriales actuando con sujeción a las directrices de la Política Nacional Ambiental. Sobre el artículo 66 El artículo 66 da a los grandes centros urbanos de más de un millón de habitantes las mismas funciones que una Corporación dentro de su perímetro, con el mismo umbral de población ya corregido en otro artículo de esta ley, y exige transferir a la Corporación la mitad de lo recaudado por contaminación que llega fuera del perímetro urbano, dinero que hoy ingresa al presupuesto general de la Corporación en vez de llegar a quien sufre el daño real. Sobre el artículo 70 El artículo 70 publica el inicio de cualquier actuación ambiental mediante un boletín que se envía por correo a quien lo pida, un estándar de otra época. Sobre el artículo 71 El artículo 71 notifica y publica las decisiones ambientales, pero la publicidad depende del mismo boletín impreso. Sobre el artículo 72 El artículo 72 permite pedir una audiencia pública antes de otorgar una licencia con al menos cien personas o tres entidades sin ánimo de lucro, un umbral pensado para 1993, cuando organizar un grupo así era mucho más difícil que hoy. Sobre el artículo 74 El artículo 74 da derecho a pedir información sobre riesgos de contaminación con plazo real de diez días, pero depende de que alguien la pida cada vez en vez de estar disponible de entrada. Sobre el artículo 75 El artículo 75 exige que el Ministro del Medio Ambiente revise cualquier transacción propuesta en una acción popular ambiental antes de su aprobación judicial, protegiendo el interés difuso de todos los ciudadanos ausentes del proceso, pero deja esa revisión en manos de un solo funcionario. Sobre el artículo 76 El artículo 76 exige consulta previa a comunidades indígenas y negras antes de decisiones que afecten la explotación de recursos naturales, sin definir en el propio texto cuándo se considera que existe esa afectación, dejando el estándar completo a la jurisprudencia. La certificación de presencia de comunidades puede además ser revisada años después si se demuestra afectación real, generando incertidumbre para quien ya invirtió de buena fe. Sobre el artículo 88 El artículo 88 fija los objetivos del FONAM, un fondo que estimula la descentralización y la participación privada, pero no ata su financiación al modelo de acreedor a tasa de mercado real ya usado en el resto de este trabajo, dejando abierta la puerta a que funcione como donación a fondo perdido. Sobre el artículo 89 El artículo 89 deja la dirección y administración del FONAM en manos del Ministro del Medio Ambiente y de un Consejo de Gabinete, una dependencia sin futuro real dado que el Ministerio ya está en transición hacia su disolución en otro artículo de esta misma propuesta. Sobre el artículo 91 El artículo 91 describe cómo se reparte la plata ambiental de un fondo, el Fondo Nacional de Regalías, que fue suprimido en 2012 por el Acto Legislativo 5 de 2011 y reemplazado por el Sistema General de Regalías actual, de arquitectura completamente distinta. Sobre el artículos 92 a 95 Los artículos 92 a 95 crean el Fondo Ambiental de la Amazonía, un vehículo financiero liviano sin planta de personal, con el mismo problema del FONAM, su dirección depende del Ministro del Medio Ambiente y de un Consejo de Gabinete junto con directores de otras entidades, sin que el territorio amazónico proponga sus propias prioridades.

Propuesta de solución

Sobre el artículo 61 Que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca determine ella misma la compatibilidad con minería, con el Ministerio en un rol de proponer criterios técnicos y colaborar, dado el carácter excepcional de esta cuenca específica. Sobre el artículo 61A Fijar un plazo máximo de dos años, realizado por un equipo técnico independiente y no solo por el Ministerio, para completar la Evaluación Ambiental Estratégica. Vencido ese plazo sin completarla, cualquier área no demostrada como crítica vuelve automáticamente a su régimen normal. La evaluación debe distinguir con precisión qué áreas específicas son críticas, la prohibición permanente queda solo para esas. Reconocer compensación real a quien tenía una operación minera legítima y verificada antes de la restricción. Sobre el artículo 62 Agregar el derecho a una revisión judicial expedita, con plazo corto de resolución, para el titular que impugne la revocatoria o suspensión. Sobre el artículo 63 Cambiar sujeción por coordinación en el principio de armonía regional, dejando intacto el principio de rigor subsidiario, que ya permite a cada territorio ser más estricto que el piso nacional sin poder ser más flexible. Sobre el artículo 66 Aplicar el mismo criterio de acceso por capacidad técnica certificada, no por tamaño de población. La transferencia del cincuenta por ciento se destina exclusivamente a remediar el daño real río abajo, nunca al presupuesto general, y donde exista un afectado identificable este puede demandar directamente a la ciudad por responsabilidad civil, como ya se estableció para la tasa retributiva en otro artículo de esta ley. Sobre el artículo 70 Reemplazar el boletín por el registro digital único, con buscador, interfaz de programación pública y sello de verificación, disponible para cualquiera sin tener que pedirlo. Sobre el artículo 71 Reemplazar el boletín por el registro digital único ya propuesto en el artículo anterior. Sobre el artículo 72 Bajar el umbral a treinta personas o dos organizaciones sin ánimo de lucro, reconociendo que hoy es más fácil organizar un grupo así que en 1993. Sobre el artículo 74 Sumar esta información al registro digital único, disponible de forma proactiva, sin necesidad de pedirla cada vez. Sobre el artículo 75 Permitir que cualquier organización ambiental certificada también presente concepto sobre la transacción propuesta en la misma audiencia, no solo el Ministro. Sobre el artículo 76 Escribir dentro del artículo el estándar de afectación directa ya fijado por la jurisprudencia, territorio colectivo, uso tradicional de recursos, o integridad cultural y económica realmente comprometidos, no la sola presencia en un área de influencia ni la distancia geográfica. Exigir que la certificación de presencia de comunidades incluya siempre una verificación técnica real en el terreno, nunca solo una consulta de base de datos, y que una certificación hecha así dé al inversionista una protección de confianza legítima, revisable solo si aparece información nueva y concreta que no pudo conocerse al momento de certificar. Sobre el artículo 88 Atar cualquier financiación o cofinanciación del FONAM al modelo de acreedor a tasa de mercado real. Las Corporaciones Autónomas Regionales y los departamentos proponen y priorizan los proyectos de su propio territorio que buscan esta financiación, la administración del fondo no decide unilateralmente qué región recibe qué. Sobre el artículo 89 Transferir la administración del fondo a un patrimonio autónomo manejado por una fiduciaria privada elegida por licitación, con criterios técnicos y públicos de asignación. Sobre el artículo 91 Derogar. No hay ningún fondo real al que aplicarle esta fórmula, es texto que describe una entidad que dejó de existir hace más de una década. Sobre el artículos 92 a 95 Administración por fiduciaria privada elegida por licitación, con las Corporaciones que tienen jurisdicción en la Amazonía y las comunidades indígenas de la región proponiendo y priorizando los proyectos que buscan esta financiación internacional.

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